Expertos proponen que ciertos casos menores, como denuncias por ruido o el uso de leña húmeda, sean gestionados por otras entidades, permitiendo que la SMA enfoque sus esfuerzos en situaciones más críticas.
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La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) enfrenta una alta carga de trabajo con recursos limitados. Actualmente, cuenta con cerca de 300 funcionarios, de los cuales 107 son fiscalizadores, encargados de supervisar más de 18.000 Resoluciones de Calificación Ambiental.
Según publica El Mercurio, debido a esta situación los procesos sancionatorios tardan en promedio 20 meses desde la formulación de cargos hasta su resolución. Asimismo, más de la mitad de las denuncias ciudadanas (51%) aún están en trámite, lo que evidencia demoras en la fiscalización.
La SMA ha tomado medidas para mejorar su eficiencia, como la creación de un Departamento de Gestión de Denuncias y el uso de inteligencia artificial en denuncias por ruido.
En 2024 se realizaron 5.357 fiscalizaciones, combinando inspecciones en terreno, análisis de reportes obligatorios y monitoreo con tecnología. Sin embargo, expertos advierten que la SMA necesita más recursos y personal para agilizar la fiscalización ambiental.
La falta de dotación adecuada afecta la capacidad del organismo para supervisar eficazmente el cumplimiento normativo. Especialistas señalan que la creciente cantidad de regulaciones ambientales ha aumentado la carga de trabajo sin un ajuste proporcional en el presupuesto ni en la cantidad de fiscalizadores.
Además, algunos expertos proponen que ciertos casos menores, como denuncias por ruido o el uso de leña húmeda, sean gestionados por otras entidades, permitiendo que la SMA enfoque sus esfuerzos en situaciones más críticas que requieren análisis detallado y sanciones adecuadas.
Actualmente, el Congreso discute una reforma a la Ley Orgánica de la SMA para mejorar su capacidad de gestión y reducir plazos de tramitación. Sin embargo, sin un aumento significativo de recursos, las mejoras administrativas podrían ser insuficientes para resolver los desafíos estructurales del sistema de fiscalización ambiental.
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