La senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, destacó la realidad que se está viviendo nuevamente en las comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví, por los nuevos episodios de contaminación, intoxicación y vulneración de derechos a sus habitantes.
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La senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, destacó la realidad que se está viviendo nuevamente en las comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví, por los nuevos episodios de contaminación, intoxicación y vulneración de derechos a sus habitantes.
“Durante estos días hemos conocido que a mayo de este año han consultado a recintos asistenciales de la zona más de 200 casos de niños, niñas y adolescentes por síntomas de intoxicación, tales como náuseas o mareos. Lamentablemente, estos hechos se siguen repitiendo cada año a pesar del reforzamiento de la red de monitoreo o el Plan de 40 medidas anunciado en 2023”, expuso.
La parlamentaria socialista indicó que “como país les estamos fallando a los habitantes de estas comunas, y especialmente a la primera infancia, vulnerando su derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, su derecho a la salud y a educarse en un ambiente apto y saludable”.
En esa línea y en su calidad de integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Isabel Allende ha solicitado oficiar y convocar a las autoridades pertinentes.
“Para conocer las acciones inmediatas que se están aplicando en el territorio hemos oficiado al delegado presidencial en la zona, así como al Ministerio de Medioambiente y a los respectivos Seremis, junto con solicitar en la Comisión de Medioambiente del Senado una sesión especial para conocer en detalle los avances de las medidas implementadas en el último tiempo y lo que se tiene considerado a la luz de estos lamentables nuevos episodios”, añadió.
La parlamentaria reiteró que el fundamental que las empresas asuman sus responsabilidades: “Finalmente, creemos que las empresas están una vez más ausentes de la discusión. No pueden seguir haciendo lo mismo, pues es claro que esto se reitera en el tiempo. La responsabilidad de crear normas, instrumentos y fiscalizar su cumplimiento es del Estado, pero la responsabilidad social con el territorio que degradan es de las empresas, y de esto no se dice nada”.
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