La Sala de la Cámara Alta desestimó la facultad administrativa para abrir cuentas sospechosas en investigaciones contra el crimen organizado, en una sesión marcada por el impacto de la "Operación Tokio".
El Senado rechazó la norma que permitía levantar el secreto bancario sin autorización judicial en investigaciones vinculadas a asociaciones criminales y delictuales, en el marco de la tramitación del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica contra el crimen organizado. Debido a las diferencias entre ambas cámaras, la iniciativa fue enviada a comisión mixta.
Durante una sesión ordinaria, la Sala aprobó parte de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, pero desestimó la disposición impulsada por la oposición. La medida contaba con el rechazo del oficialismo y del Gobierno.
La iniciativa tiene como objetivo identificar operaciones financieras sospechosas asociadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, mediante el análisis de información económica y financiera.
Para ello, contempla un sistema de trabajo coordinado entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, organismos que podrán intercambiar información y fortalecer sus capacidades de análisis para detectar movimientos irregulares.
Asimismo, el proyecto considera la creación de unidades de inteligencia y análisis económico en el SII y Aduanas, con el propósito de mejorar la investigación de operaciones sospechosas.
La propuesta también incorpora nuevas herramientas para seguir la ruta del dinero proveniente de actividades criminales, entre ellas el análisis de datos económicos y financieros, la trazabilidad de operaciones, el intercambio de información entre organismos públicos y el fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras del Estado.
Durante la discusión legislativa, varios parlamentarios hicieron referencia a la "Operación Tokio", el megaoperativo policial que permitió desarticular el brazo financiero del Tren de Aragua y que incluyó la detención de un ejecutivo bancario.
En ese contexto, quienes respaldaban el levantamiento administrativo del secreto bancario sostuvieron que “este procedimiento podría haberse realizado con mayor rapidez, si estuviera este proyecto promulgado como ley porque de seguro hay más ejecutivos bancarios coludidos con criminales”.
De manera transversal, senadores y senadoras coincidieron en que “nadie en esta Sala tiene algo que esconder”, aunque surgieron diferencias respecto de las facultades que debería tener la autoridad para acceder a información bancaria protegida.
Algunos legisladores plantearon que “podría proceder esta herramienta si se genera un listado de organizaciones enemigas de Chile y se simplifican los tiempos para hacer esta gestión”, mientras que otros advirtieron que “hay que tener cuidado con esta medida intrusiva”.
Durante el debate también se enfatizó la necesidad de establecer mecanismos de auditoría, control y resguardo frente al eventual mal uso de la información. En ese sentido, se reiteró que el objetivo central es impedir que el crimen organizado utilice el sistema financiero para ocultar o movilizar recursos ilícitos.
Los parlamentarios señalaron que fenómenos como el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas y el lavado de dinero no se combaten únicamente con declaraciones, sino identificando a quienes movilizan y administran esos recursos.
Respecto del secreto bancario, se recordó que actualmente su levantamiento puede realizarse mediante autorización judicial. Sin embargo, los defensores de la norma rechazada argumentaron que “ahora puede hacerse por vía judicial pero el proyecto establece tres causales para iniciar levantamientos de manera administrativa: realizando una auditoría obligatoria, estableciendo sanciones a los funcionarios y generando una rendición de cuentas al Congreso”.
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