La Sala del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, con 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones.
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Con 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, conocido como "Escuelas Protegidas".
Este martes, en la sesión ordinaria, el pleno revisará el articulado. Tras ello, la Cámara Baja deberá tomar conocimiento de los cambios realizados dando curso al tercer trámite.
La propuesta iniciada en mensaje, que cuenta con discusión inmediata, enfrenta hechos de violencia cometidos al interior de establecimientos educacionales a través de medidas como la revisión de mochilas, sanciones por la interrupción de clases y un nuevo requisito para acceder a la gratuidad, entre otras.
En la Sala, las y los senadores confrontaron posiciones respecto a las medidas específicas, la rapidez de la tramitación, la formación de valores como el respeto y la autoridad, las estrategias punitivas versus las preventivas, y el rol de las policías en espacios educacionales.
Transversalmente, se condenó lo ocurrido con la inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, María Victoria Reyes Vache, quien fue asesinada tras ser apuñalada por un estudiante del recinto, de 18 años, en marzo pasado.
De acuerdo a lo aprobado por la Comisión de Educación, el proyecto establece que:
Para resguardar la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, los sostenedores podrán incorporar en sus reglamentos internos, la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas, a fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otros o para atentar contra la infraestructura del establecimiento.
La revisión sólo procederá por motivos fundados, individualizados y verificables. Quedan prohibidas las revisiones sistemáticas o basadas en algunas de las características personales, sociales, étnicas, migratorias, religiosas, de género, de orientación sexual, de identidad de género, de apariencia, de condición socioeconómica o de necesidades educativas especiales.
Esta revisión deberá evitar cualquier forma de contacto físico o exposición innecesaria de los involucrados y deberá realizarse en lugares especialmente designados. Queda estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal y de vestimentas.
En caso de que se disponga una revisión especial e individual, esta deberá realizarse respetando estándares mínimos de resguardo en presencia permanente de, al menos, dos personas adultas pertenecientes al establecimiento, una de las cuales deberá integrar el equipo de convivencia escolar.
Se podrá solicitar al estudiante mostrar o vaciar el contenido de los bolsillos. Si se hallaren elementos potencialmente peligrosos, se deberá comunicar de manera inmediata a los padres y apoderados del estudiante, así como a Carabineros o a la Policía de Investigaciones.
En caso de negativa del estudiante, el personal deberá informar de manera inmediata a sus padres y apoderados para que, al menos uno de ellos, concurra a revisar las pertenencias. En tanto, el estudiante deberá permanecer bajo resguardo en un espacio adecuado que deberá ser distinto del de la sala de clases.
Si el padre, madre o apoderado concurre y el estudiante persiste en su negativa, aquel deberá retirar las pertenencias del establecimiento, debiendo el sostenedor informar a la Oficina Local de la Niñez. En el caso de que el padre, madre o apoderado no concurra, el sostenedor deberá comunicar los antecedentes a Carabineros o a la Policía de Investigaciones y requerirle que proceda.
Los reglamentos internos podrán contener prohibiciones de uso de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial. No se aplicará cuando el uso responda a necesidades de salud, necesidades sensoriales o de regulación emocional, prácticas religiosas o culturales, expresión de identidad de género y necesidades de carácter climatológicas, entre otras.
El presidente de la Comisión de Educación, el senador Gustavo Sanhueza ahondó en el debate que se dio respecto al proyecto, en el que se escucharon 22 expositores. “La idea es fortalecer la convivencia en los colegios para resguardar la integridad física y psíquica de la comunidad educativa. Las principales innovaciones son habilitar la revisión de mochilas, impulsar la resolución colaborativa de los conflictos y prohibir vestimentas o accesorios que impidan la identificación, entre otros puntos”, describió.
En tanto, la ministra de Educación, María Paz Arzola agradeció el esfuerzo que se ha hecho para tramitar la iniciativa. “En la Comisión, se fortaleció la responsabilidad de los padres en estos actos y el respetar las necesidades especiales de los alumnos. Se busca entregar más herramientas a los establecimientos, lo que se consignará en sus reglamentos internos, fortaleciendo las atribuciones de los docentes para aplicar medidas disciplinarias”, explicó.
En la discusión se manifestó que “el año pasado, se registraron 17 mil denuncias en la Superintendencia de Educación por convivencia escolar, y la Subsecretaría de Prevención del Delito aseguró que la mitad de los establecimientos han debido llamar a la policía durante un año”.
A la hora de cuestionar el proyecto se argumentó que “la norma no está a la altura del problema porque se enfoca solo en el control, las sanciones. No se desarrolla una estrategia integral y no se hace cargo de la violencia cotidiana. Se necesitan programas de salud mental para prevenir estos hechos. No hay seguridad escolar sin pedagogía y para hacer pedagogía se necesita confianza”.
“Ya hay herramientas para regular los problemas de convivencia escolar en la ley de Convivencia. Los expertos aseguran que elevar la desconfianza es equivocado. Creemos que hay alternativas que se han aplicado en escuelas de riesgo, como talleres socioemocionales, eso exige mayor conducción y recursos. La salud mental es la clave, pero este proyecto no cuenta con recursos”, se señaló.
Defendiendo este mensaje, los parlamentarios apuntaron a la urgencia de combatir la violencia en las escuelas porque “atentan contra el derecho a la educación de los alumnos y sus padres (…) Una de las cosas buenas del proyecto es que no será gratis quemar colegios porque si un estudiante es expulsado por violencia, no podrá irse a otro emblemático”, recordaron.
También, se aclaró que “este proyecto nunca buscó mejorar los problemas estructurales de la educación. Nace de un fenómeno que se da en la minoría de los establecimientos como es la convivencia violenta. Esto tuvo como el punto de inflexión, la inspectora (…) No podemos hablar solo de la salud mental como solución. Hay que fomentar la responsabilidad, el tema es opinable, pero creo que hay que salir de la trinchera un minuto”.
En contraposición, algunos senadores dieron ejemplos de la urgencia de una política de salud mental infantil considerando los índices de depresión, angustia, trastornos de personalidad e intento suicida, cuadros que se presentan tanto en agresores como víctimas.
Asimismo, desde lo procedimental, se cuestionó que la propuesta no fuera revisada por la Comisión de Constitución y solo se hiciera cargo la Comisión de Educación. Algunos parlamentarios comentaron que “no se analizó en el debate, la desnaturalización del espacio educativo dado que cuando se ingresa a la policía a la escuela, lo pedagógico queda en un segundo plano”.
En la búsqueda de un diagnóstico, la Sala planteó que “el problema responde al quiebre de la autoridad, hay que hiperjudicializar todo porque no está la autoridad que nace del respeto. El profesor ha sido desautorizado. Un curso sin orden no aprende (…) El proyecto restituye esa autoridad de manera sensata”.
En cuanto a la revisión de las mochilas, se valoró que “este acto sea con motivos fundados” pero a la vez se enfatizó que “estas medidas deben ser excepcionales, nos preocupa el revisado de bolsillos. La intervención de la policía debe ser excepcional también”.
Sobre la gratuidad en la educación superior, “cuando un alumno es condenado por un hecho de violencia, quitarle la posibilidad de acceder a la gratuidad es una sanción desproporcionada puesto que afecta el principio de igualdad y, además, genera una doble sanción” pero a la vez, otro sector valoró que “dé lugar a la pérdida del beneficio explicando que no puede resultar gratuito golpear, hostigar, e incluso asesinar”.
PURANOTICIA
