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Revocación del estatus de refugiado político habilita ejecución de extradición pendiente desde 2010

Revocación del estatus de refugiado político habilita ejecución de extradición pendiente desde 2010

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La resolución elimina el principal impedimento que suspendía la extradición desde 2010.

Revocación del estatus de refugiado político habilita ejecución de extradición pendiente desde 2010
Domingo 15 de febrero de 2026 18:13
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El reciente fallo de la justicia argentina que confirmó la revocación del estatus de refugiado político de Galvarino Apablaza fue valorado por la familia del senador Jaime Guzmán como un paso decisivo hacia su eventual extradición a Chile. Según la defensa, la resolución habilita jurídicamente la entrega, suspendida durante más de una década.

El abogado de la familia Guzmán, Pablo Toloza, explicó que la extradición fue inicialmente concedida por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en septiembre de 2010, a solicitud del Estado chileno. Sin embargo, la Comisión Nacional de Refugiados otorgó a Apablaza la condición de refugiado político ese mismo año, lo que suspendió la ejecución de la medida. La reciente revocación elimina este obstáculo.

Con esto, queda habilitada la ejecución de la resolución de 2010 que concedió la extradición. Es un fallo muy relevante y esperado, porque despeja el principal obstáculo que impedía hacerla efectiva”, señaló Toloza. La defensa de Apablaza podría eventualmente recurrir a un recurso extraordinario ante la Corte Suprema argentina, pero este es excepcional y limitado a causas muy específicas, según indicó el abogado.

En caso de concretarse la extradición, Apablaza deberá enfrentar investigaciones por el homicidio de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, hechos ocurridos en 1991. “La extradición fue solicitada para que se determine cuál fue su grado de participación en estos hechos, donde ya existen personas condenadas”, explicó Toloza.

La familia Guzmán aguarda el texto íntegro del fallo antes de emitir un comunicado oficial, reiterando que el objetivo es garantizar que se haga justicia por un homicidio ocurrido en democracia. El avance definitivo dependerá de los plazos procesales en Argentina, y si no prospera un eventual recurso extraordinario, el camino para ejecutar la extradición quedará despejado.

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