El Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo es un producto de carácter preventivo, basado en el análisis de grandes volúmenes de información. Su objetivo es detectar situaciones que podrían representar irregularidades en la gestión pública.
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Para advertir y reconocer peligros elevados dentro de los variados procedimientos de la administración del Estado, se lanzó recientemente una inédita plataforma. Denominada RADAR (Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo), esta innovación fue dada a conocer por la Contraloría General de la República con la meta de consolidar el manejo adecuado de los fondos estatales, además de la transparencia y la probidad.
Se trata de un instrumento de naturaleza preventiva que escudriña cantidades masivas de datos para pesquisar escenarios que eventualmente signifiquen anomalías en el aparato estatal.
Las adquisiciones estatales ejecutadas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), gobiernos regionales (Gore) y ciertas municipalidades son el foco central de la entrega inaugural de este reporte.
Al revisar el lapso comprendido entre enero de 2024 y mayo de 2025, el sistema detectó la emisión de 556.222 órdenes de compra. En estas operaciones se evidenció una utilización repetitiva de la contratación excepcional directa con publicidad o del trato directo.
Bajo dichos mecanismos, las transacciones sumaron una cifra superior al billón de pesos, alcanzando exactamente los $1.167.244.609.803.
De acuerdo al documento oficial, esta alta suma de dinero representa un riesgo, “pues no siempre podrían concurrir los supuestos fácticos y jurídicos que justifican el uso de estas modalidades, que la ley califica como excepcionales”.
Adicionalmente, el análisis levantó sospechas sobre nexos probables entre proveedores creados recientemente y trabajadores públicos involucrados en las adquisiciones. Esta situación establece un peligro latente de conflicto de intereses, vinculado de manera particular a transacciones globales que superan los $889 millones.
El propósito de este reporte es notificar a las autoridades edilicias, a los gobiernos regionales y a la Subdere para que implementen barreras de fiscalización más sólidas. Asimismo, se espera que logren blindar sus mecanismos internos y anticiparse a contextos que pudiesen vulnerar la integridad de la gestión pública.
Respecto a la puesta en marcha de este nuevo producto institucional, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, aclaró que la información recopilada no da por sentada ni presume la ocurrencia de actos de corrupción o irregularidades. Por el contrario, la autoridad precisó que “la herramienta tiene un enfoque de alerta temprana, orientado a advertir escenarios que, de no ser oportunamente gestionados, podrían derivar en conflictos de interés o en afectaciones a los principios de probidad e imparcialidad que rigen la función pública”.
Si estas advertencias preventivas llegan a materializarse en hechos concretos, la normativa vigente permite que se inicien fiscalizaciones específicas. Del mismo modo, se podría proceder con la determinación de responsabilidades a nivel administrativo o, cuando corresponda, la presentación de denuncias formales ante el Ministerio Público.
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