El tribunal imputó nuevos cargos al abogado por un perjuicio fiscal actualizado de $800 millones tras detectar declaraciones presuntamente falsas. Mientras la Fiscalía tildó la conducta de "maliciosa", Hermosilla acusó un "grave error" del SII al no reconocer deudas y préstamos.
A raíz de una acción legal impulsada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), la justicia concretó una nueva imputación contra el abogado Luis Hermosilla. Específicamente, fue el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la instancia encargada de reformalizar al profesional por su presunta responsabilidad en delitos de carácter tributario.
Los cargos presentados durante la jornada apuntan a que el jurista habría provocado un perjuicio fiscal de 551 millones de pesos en el periodo comprendido entre los años 2018 y 2019. Dicho monto, al ser proyectado y actualizado al año 2026, se eleva a la suma de 800 millones de pesos.
Según los datos expuestos en la causa, la discrepancia financiera comenzó en 2018, cuando el imputado registró ingresos por 471 millones de pesos, de los cuales únicamente transparentó 211 millones ante el ente fiscalizador. La situación se habría repetido al año siguiente: durante 2019, el abogado anotó movimientos totales de 532 millones, pero su declaración oficial solo contempló 306 millones.
Al concluir la respectiva audiencia de reformalización, el tribunal resolvió no alterar las medidas cautelares que ya pesaban sobre el acusado, confirmando así su arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Junto con ello, se estableció un plazo de 60 días para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.
Una vez finalizada la instancia judicial, el propio Hermosilla se defendió argumentando que el organismo recaudador “comete un grave error” al catalogar la totalidad de esos fondos como renta. Para justificar su postura, el abogado detalló: "No necesariamente eso es así. Ahí hay préstamos, hay dineros de terceros, hay deudas que yo asumido. Hay de una serie circunstancias que en su momento afectan la base imponible, la reducen".
Desde la vereda del Ministerio Público, Juan Pablo Araya, fiscal de Alta Complejidad Oriente, desestimó tajantemente la versión de una simple equivocación. El persecutor aseguró que la conducta del imputado no corresponde a "una declaración con error, es maliciosamente falsa y así lo calificaba el Servicio de Impuesto Interno, que es el organismo encargado de la recaudación tributaria de este país".
Para enfatizar la magnitud de las cifras involucradas en la indagatoria, el representante de la Fiscalía concluyó su intervención señalando: "Por lo tanto, los montos también, si usted los ve a las fechas que ocurrieron, son 500 millones de pesos. Entonces no sé quién puede equivocarse en 500 millones de pesos de una declaración".
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