Diputados RN presentaron un proyecto de ley que faculta a la Contraloría General de la República, una vez acreditada la responsabilidad administrativa en cuanto a faltas a la probidad, para la remoción de gobernadores y alcaldes.
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Los diputados de la Bancada de Renovación Nacional están decididos a ponerle el cascabel al gato, en lo que se refiere a temas de corrupción. A casi tres meses del estallido del caso Democracia Viva, que fue la punta del iceberg que permitió conocer de dineros traspasados en forma irregular, además de algunas Seremías, por gobernaciones regionales y últimamente por municipalidades, los legisladores Frank Sauerbaum, junto a los diputados integrantes de la comisión de Gobierno Interior, Miguel Becker y Bernardo Berger, y a sus pares, Leonidas Romero, Sofía Cid, Camila Flores, Andrés Celis y José Miguel Castro, presentaron un proyecto de ley que faculta a la Contraloría General de la República, una vez acreditada la responsabilidad administrativa en cuanto a faltas a la probidad, para la remoción de gobernadores y alcaldes.
El proyecto de ley especifica, precisamente, que es “relevante poder dotar de mayores herramientas para que la Contraloría General de la República pueda perseguir de manera más efectiva y eficiente el buen uso de los recursos públicos, no teniendo que depender de las conformaciones políticas y/o afinidad de un órgano electo democráticamente como lo son los Consejos Regionales y los Concejos Comunales”.
El diputado por la Región de Valparaíso, Andrés Celis reflexionó que “hoy nos encontramos ante una cuestión fundamental para el bienestar de nuestra sociedad: la probidad administrativa y el uso adecuado de los recursos públicos. En los últimos tiempos, hemos sido testigos de situaciones que desafían estos principios, y es nuestro deber abordar este problema de manera responsable y efectiva”.
“Es hora de fortalecer nuestros sistemas de control y transparencia para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera justa y efectiva en beneficio de todos los ciudadanos. Necesitamos una legislación que no dependa de composiciones políticas o afinidades personales, sino que promueva la probidad administrativa en todos los niveles de gobierno”, agregó Celis
Por su parte, para la diputada Camila Flores, es fundamental que los Tribunales Electorales Regionales, “puedan, autónomamente, perseguir las responsabilidades frente a estos casos de delincuencia, de falta a la probidad que estamos viendo en el país”. Añadió que “estas personas no pueden quedar en la impunidad y tampoco pueden quedar ocupando sus cargos cuando están involucrados, cometiendo delitos tan graves y deleznables. Por eso necesitamos que nuestra legislación esté acorde a las circunstancias que se están generando en el país”.
Es importante destacar que el proyecto de ley consta de dos artículos. El primero, ante la necesidad de remover al alcalde por irregularidades cometidas, traspasa la responsabilidad desde el concejo municipal -evitando así las mayorías afines que pueda tener el jefe comunal en el cuerpo colegiado- al “tribunal regional electoral respectivo para dar inicio al procedimiento de remoción de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y siguientes de la ley N°18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, para lo cual no se requerirá patrocinio de abogado”.
Mientras que el artículo dos precisa que “si como consecuencia de una investigación practicada por la Contraloría General de la República con ocasión de sus labores de fiscalización, se considerase que se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa del gobernador regional por contravención grave a las normas de probidad administrativa”, la CGR “deberá remitir los antecedentes al TER para dar inicio al procedimiento de cesación en el cargo”.
PURANOTICIA
