Con una amplia mayoría, los diputados desestimaron las enmiendas a la norma que endurece penas por el ingreso de objetos prohibidos a cárceles del país.
visitas
Una rotunda negativa recibió la propuesta del Senado respecto al proyecto de ley que busca robustecer la seguridad en los perímetros carcelarios y ampliar las sanciones por introducir elementos prohibidos a los recintos. La Cámara de Diputados desestimó las modificaciones introducidas por la Cámara Alta, forzando una nueva instancia de discusión para resolver las discrepancias entre ambas corporaciones.
Con un resultado de 124 votos en contra, apenas 16 a favor y cinco abstenciones, el texto legislativo no logró sortear su trámite actual. Debido a este rechazo, la iniciativa fue derivada a una comisión mixta, integrada por miembros de ambas cámaras, quienes deberán zanjar las diferencias existentes en torno a la redacción de la norma.
El eje central de la propuesta es extender el catálogo de situaciones penalizables ante el ingreso de artículos no permitidos. Se apunta específicamente a combatir el fenómeno de los denominados “peloteros”, sujetos que lanzan desde el exterior diversos elementos hacia el interior de las cárceles, tales como armamento, estupefacientes o teléfonos móviles.
Durante su primer trámite, la Cámara Baja propuso una reforma al artículo 304 bis del Código Penal. Dicha norma ya castiga la entrada de aparatos de telecomunicaciones, como celulares, a los centros penitenciarios. La modificación buscaba incluir en la acción punible a aquellos "objetos cuya tenencia o uso ponga en riesgo la seguridad del recinto o la vida, salud o integridad de quienes se encuentren en su interior, a menos que el hecho sea constitutivo de un delito distinto de mayor gravedad".
En esa línea, el proyecto original establecía la presunción de riesgo cuando el objeto ingresara o se intentara introducir mediante lanzamientos desde el exterior. No obstante, se aclaraba explícitamente que una condena no podría sustentarse exclusivamente bajo esta presunción.
La Cámara Alta, por su parte, alteró el citado artículo. En su versión, la penalidad recaería sobre quienes intenten, concreten o faciliten el ingreso de objetos prohibidos por cualquier vía. Asimismo, el Senado determinó que la sanción operaría incluso frente a los denominados "pelotazos", sin que sea requisito indispensable acreditar la naturaleza específica del elemento lanzado.
Si bien legisladores de todas las tendencias políticas coincidieron en la urgencia de blindar la seguridad perimetral —considerando la frecuencia con la que se lanzan armas, dinero o drogas—, la postura mayoritaria fue crítica con los cambios de la Cámara revisora. Los diputados argumentaron que la enmienda del Senado pecaba de una amplitud excesiva, lo que podría derivar en vicios de inconstitucionalidad.
En este sentido, los parlamentarios subrayaron que el sistema jurídico nacional exige que las conductas sancionables estén descritas con total precisión en la ley. Advirtieron que la ambigüedad en materia penal es riesgosa, pues abre flancos para impugnaciones por la vía judicial y constitucional, sumado a la necesidad de calibrar mejor la graduación de las penas propuestas.
El debate también puso el foco en cómo las organizaciones criminales intentan mantener su operatividad desde las celdas mediante apoyo externo. Por ello, los legisladores enfatizaron que no basta con castigar el ingreso de objetos; es imperativo optimizar la ubicación de los penales, su infraestructura de seguridad y el equipamiento técnico de los funcionarios de Gendarmería.
La génesis de esta normativa se encuentra en una moción presentada por el exparlamentario Miguel Mellado, en conjunto con los diputados Jorge Alessandri, Jaime Araya y Diego Schalper. El documento también cuenta con el respaldo de los exdiputados José Miguel Castro, Camila Flores, Andrés Jouannet, Andrés Longton y Jorge Rathgeb. A esta iniciativa se sumó, además, un mensaje enviado por la administración gubernamental anterior.
PURANOTICIA
