El equipo, encabezado por Alejandro Irarrázabal e integrado por futuros ministros, revisará actas de traspaso y levantará información en ministerios para transparentar eventuales irregularidades, mientras la bancada republicana prepara oficios fiscalizadores e incluso acciones ante Contraloría o tribunales.
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El trabajo de la “Fuerza de Tarea Administrativa” anunciada ayer por el presidente electo, José Antonio Kast, tras romper con el gobierno actual, se hará en dos etapas. La primera, ahora, apunta a revisar las actas de traspaso de aquí al miércoles 11, y la segunda consiste en que, a partir de ese día, los ministerios y otras reparticiones levanten información de lo que se encuentre.
Según informa La Segunda, los encargados de coordinar esta labor empezaron ayer mismo a concretarla, mientras que en la bancada de diputados del Partido Republicano también iniciaron la redacción de diversos oficios fiscalizadores con los cuales pretenden aportar.
El equipo es liderado por el jefe del Segundo Piso de Kast, Alejandro Irarrázabal, y cuenta con la participación de los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, de Interior, Claudio Alvarado, y de la Segpres, José García Ruminot.
Ellos, de acuerdo a lo que se explicó en la OPE, se han organizado pensando en las dos etapas mencionadas. Quieren saber cuál es la realidad de los funcionarios, de sus contratos, licitaciones, sumarios, proyectos complejos, investigaciones en contraloría. En suma, se aseguró, una auditoría total.
Se señaló que todos los hallazgos que haya los van a mostrar a la ciudadanía, de manera transparente. Si se encuentran materias complejas, se van a traspasar los antecedentes respectivos a la Contraloría, Fiscalía o al Congreso, según corresponda.
El líder del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo que "el presidente Boric podrá tener sus propias opiniones, pero no puede tener sus propios hechos. Y los hechos hablan por sí solos. Lo que vemos en este caso es el mismo patrón de siempre, se oculta información, los pillan, revelan contenidos parciales y caen en contradicciones".
Añadió que "lo mejor es concentrarse en lo que vendrá desde el 11 y si se requiere información sensible de alguna cartera, se les pedirá a los responsables anteriores o se les citará a darla en el Congreso".
El próximo jefe de bancada de diputados republicanos, Benjamín Moreno, contó que “estamos preparando distintos oficios de fiscalización para saber cómo ha sido la ejecución presupuestaria, el gasto en contrataciones; cuántas personas han pasado de contrata a planta; ver eventuales amarres y artimañas usadas de manera irresponsable en distintas reparticiones”.
Explicó que desean “hacer un seguimiento para encontrar información del estado en que está el gobierno cuando lleguemos nosotros”.
Según los analistas consultados, Kast tomó un buen camino pues, si no hace auditorías, los problemas se le van a atribuir a él.
El académico y analista político-comunicacional, Patricio Dussaillant, de sensibilidad republicana, afirmó que de lo dicho por Kast “se desprende que se trata de una fuerza de tarea que tiene como objetivo obtener información a través de otras instituciones que no ha sido aportada o que permitan contrastarla con la entregada por las autoridades salientes. Si se priorizan áreas críticas (contrataciones, transferencias, convenios, ejecución presupuestaria), es posible obtener hallazgos concretos y documentados”.
Sobre la posibilidad de que se consigan antecedentes para ir al Congreso, a la justicia o a la Contraloría, respondió que “sí, siempre que los antecedentes reúnan estándares mínimos de prueba: actos administrativos identificables, posibles infracciones normativas, perjuicio fiscal verificable o incumplimiento de deberes legales. Para el Congreso, se requieren hechos que configuren infracciones a la Constitución o a las leyes y responsabilidad política. Para la justicia, deben existir indicios de ilícitos penales con respaldo documental. Para Contraloría, basta con eventuales irregularidades administrativas o incumplimientos normativos”.
Por su parte, el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Rodrigo Arellano, cree que “este gobierno durante su desarrollo ha tenido varios antecedentes de mal uso de los recursos. Quizás el escándalo más bochornoso que hemos conocido desde el retorno a la democracia fue el Caso Convenios, donde millones de recursos chilenos fueron destinados a fines diferentes para los cuales fueron entregados”, lo que se suma a las irregularidades por la reconstrucción en Valparaíso.
El analista agrega que, durante su campaña, el presidente electo “levantó la bandera de tener un gobierno más transparente” y anticipó esta medida, por lo que “la ciudadanía sin duda espera que cumpla su promesa de campaña”.
Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la misma casa de estudios, suma que la iniciativa “hace mucho sentido político, es coherente y consistente con el diagnóstico de pérdida de confianza respecto de la autoridad saliente”, aunque detalla que “tendrá que ser de acuerdo a la capacidad y restricciones que existen” en el Estado —incluyendo el rol que tendrá la Contraloría—, por lo que también se podría contar con alguna “colaboración externa”.
PURANOTICIA
