Presentan proyecto que busca ampliar acceso del Congreso a contratos de empresas estatales

Establecer reglas más precisas respecto de la información que las empresas estatales deben proporcionar al Congreso es el objetivo de un proyecto presentado por el diputado Daniel Valenzuela (IND-RN), integrante de la Comisión de Minería y Energía, luego de cuestionar la respuesta entregada por Codelco sobre la contratación de Morgan Stanley como asesor financiero en el acuerdo con SQM por el litio del Salar de Atacama.

La iniciativa propone modificar el artículo 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el propósito de que las cláusulas contractuales de confidencialidad no constituyan, por sí solas, un impedimento para entregar antecedentes solicitados por parlamentarios en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras.

El proyecto surge después de que Valenzuela solicitara mediante oficio información sobre el costo y las condiciones bajo las cuales Codelco contrató a Morgan Stanley para prestar asesoría financiera en el proceso relacionado con SQM.

Según los antecedentes expuestos por el parlamentario, la respuesta de la estatal dio cuenta de distintos conceptos de pago asociados a la asesoría, entre ellos retainer fees, reembolso de gastos, base fee e incentive fee. Sin embargo, el detalle de los montos comprometidos fue calificado como reservado.

Asimismo, de acuerdo con lo informado por el diputado, Codelco señaló que el contrato de asesoría financiera suscrito en marzo de 2023 contiene información confidencial y que su divulgación requeriría el consentimiento previo y por escrito de la contraparte.

Respecto de la autorización de la contratación, la respuesta de la estatal sostuvo que esta se realizó dentro de las facultades ejecutivas del Presidente Ejecutivo, considerando que el Manual de Alcance de Facultades vigente permitía autorizar adjudicaciones en procesos inferiores a US$50 millones.

Valenzuela cuestionó estos antecedentes y planteó la necesidad de revisar la normativa vigente.

“50 millones de dólares puede gastar el presidente ejecutivo de Codelco sin pasar por el directorio. Señores, esto es una vergüenza de proporciones. Pedí un oficio para que me explicaran cómo fue la fusión entre Soquimich y Codelco, de donde salió esta nueva empresa, Novandino. Acá se contrató un asesor financiero, que era Morgan Stanley. Queremos saber cuánto costó esa asesoría financiera, quién la autorizó”, argumentó el parlamentario.

El diputado sostuvo que su cuestionamiento no se limita al costo de la asesoría, sino también a los mecanismos disponibles para fiscalizar decisiones que involucran recursos y activos estatales.

“Solicitamos todos los antecedentes, y la respuesta de Codelco fue que, según la Ley 19.918, no le podemos entregar información. Estoy aburrido que cada vez que queremos fiscalizar Codelco, Codelco dé explicaciones baratas”.

Frente a este escenario, la propuesta busca establecer que las causales que permiten negar información a los parlamentarios sean taxativas y se interpreten de manera restrictiva.

En concreto, plantea que una empresa estatal no pueda rechazar una solicitud de antecedentes basándose únicamente en cláusulas de confidencialidad, reserva o secreto contenidas en contratos, convenios o bases de licitación. Tampoco podría exigir el consentimiento de un tercero contratante como condición para proporcionar información al Congreso.

La iniciativa señala además que, salvo que una ley de quórum calificado establezca lo contrario, no podrían considerarse reservados antecedentes como la identidad del contratante, el objeto y vigencia de un contrato, honorarios, comisiones, gastos y bonos por éxito.

La disposición se extendería también al procedimiento mediante el cual se realizó una contratación, los criterios empleados para seleccionar a un determinado proveedor y la identificación de quienes participaron en la decisión.

“He decidido presentar un proyecto de ley para modificar la Ley 19.918, y no tener más excusas”, señaló Valenzuela.

El parlamentario argumentó que el objetivo es resguardar las atribuciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados frente a las empresas estatales.

“El Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados, tiene la potestad de fiscalizar, y si se están escudando en esta ley, les vamos a cambiar la ley. No se puede administrar patrimonio de todos los chilenos con información que el Congreso no puede conocer”.

La iniciativa contempla además que, cuando una empresa estatal invoque una causal de reserva para rechazar la entrega de información, la decisión deba contar previamente con el acuerdo de tres cuartas partes del órgano colegiado encargado de su administración. La determinación deberá estar fundamentada y ser comunicada a la Cámara.

El proyecto vincula sus fundamentos con la relevancia estratégica del acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama y plantea que el acceso a información contractual resulta necesario para el ejercicio de la fiscalización parlamentaria.

La contratación de Morgan Stanley ya había sido materia de revisión parlamentaria. En marzo de 2025, la Comisión Especial Investigadora de la Cámara sobre el acuerdo Codelco-SQM solicitó a la estatal los contratos correspondientes a esa asesoría financiera. Posteriormente, la instancia investigadora abordó cuestionamientos respecto del proceso de contratación y el acceso a antecedentes relacionados con su costo.

Finalmente, Valenzuela aseguró que continuará solicitando antecedentes sobre las actuaciones de la cuprífera estatal.

“Acá, Codelco va a tener que dar explicaciones por cada cosa irregular que ha hecho, y la fiscalización no la vamos a parar desde la Cámara de Diputados”.

PURANOTICIA