Cinco parlamentarios de oposición ingresaron una moción para reformar el organismo en cuatro ámbitos. El director del organismo, Yerko Ljubetic descartó las críticas y aseguró que ya reportan al Congreso.
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Cinco senadores del Partido Republicano, Evópoli, la UDI y RN presentaron un proyecto de ley que busca reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos con el fin de que rinda cuentas ante el Congreso, entre otras medidas.
El texto legal está encabezado por el senador Andrés Longton (RN), su promotor central. A su rúbrica se suman las de la timonel de su colectividad, Andrea Balladares, junto a los legisladores Gustavo Sanhueza (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Renzo Trisotti (P. Republicano).
Los argumentos esgrimidos en el documento contienen duras críticas hacia la entidad dirigida por Yerko Ljubetic. En el escrito se señala textualmente: “Lamentablemente, la actuación del INDH dista mucho del rol que se pretende conforme a su ley orgánica, siendo foco de una mirada de los DD.HH. parcelada e ideologizada, que termina capturando para un sector político algo que por naturaleza es patrimonio de todos”.
Los autores de la moción advierten que “urge modificar dicha normativa” —haciendo alusión a la legislación que regula al instituto— con el propósito de “superar los problemas estructurales que subsisten y que dicen relación con cuatro ámbitos”.
El primer eje de la propuesta se enfoca en la composición del Consejo del INDH, buscando que este adquiera un carácter más “pluralista”. Mediante esta modificación, los parlamentarios aseguran que se lograría erradicar el riesgo de los “sesgos” dentro de la institución.
Bajo este enfoque, la iniciativa sugiere reducir de cuatro a dos los cupos destinados a representantes de agrupaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos fundamentales. Según los detractores del organismo, estos integrantes suelen poseer una afinidad política de izquierda.
Como segundo punto, el texto legal exige una transformación en el enfoque del INDH respecto a la autoría de las vulneraciones a los derechos humanos. El objetivo es que la entidad deje de considerar que estas son cometidas de forma exclusiva por agentes estatales, admitiendo que individuos particulares también pueden perpetrar dichos atropellos.
Un tercer aspecto del proyecto establece la obligación de que el instituto entregue reportes trimestrales al Congreso para dar a conocer su labor de manera periódica. Esta es una situación que, en palabras del senador Longton, en la actualidad casi no se materializa.
Por último, la reforma pretende dotar a la institución de mayores facultades jurídicas, permitiéndole presentar querellas en delitos específicos, tales como el secuestro y el terrorismo.
Frente a los cuestionamientos, el director del organismo replicó asegurando que la entidad “rinde cuentas a la Contraloría General de la República, que tiene todas las atribuciones de supervisión y fiscalización respecto de esta institución y sus funcionarios. También rinde cuentas desde el punto de vista de su ejecución presupuestaria a las autoridades de Hacienda”.
Para concluir su defensa, la autoridad recalcó: “Sobre todo el INDH rinde cuenta frente al Congreso. Tenemos la obligación de entrega de varios informes, no solo nuestro informe anual, sino que, además, las últimas leyes de Presupuesto han incorporado obligaciones adicionales de rendición de cuenta, que hemos cumplido cabal y oportunamente”.
PURANOTICIA
