Así lo informó el ministro de Justicia, Luis Cordero, luego de la reunión que el presidente Gabriel Boric convocó en La Moneda para abordar los últimos atentados explosivos ocurridos en las regiones de Valparaíso, Ñuble y el Biobío.
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Un plazo de 30 días acordaron los tres poderes del Estado, junto a las policías y las fiscalías, para trabajar en modificaciones a la Ley Antiterrorista con el fin de enviar una propuesta única al Congreso.
Así lo informaron el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic; y el ministro de Justicia, Luis Cordero, luego de la reunión que el presidente Gabriel Boric convocó en La Moneda para abordar los últimos atentados explosivos ocurridos en las regiones de Valparaíso, Ñuble y el Biobío.
El pasado martes, se descubrió que el puente ferroviario Itata, ubicado entre las comunas de Ránquil y Chillán, en la región del Ñuble, había sido dañado con detonaciones. El jueves pasado fue derribada una torre de alta tensión ubicada en Placilla, región de Valparaíso, y el sábado se registró la misma situación en otra torre situada entre Cañete y Los Álamos, en la región del Biobío.
Los atentados fueron adjudicados por el autoproclamado "Movimiento 18 de Octubre", como una forma de manifestación en contra del "modelo económico capitalista" y el avance de la ultraderecha, liderada por el Partido Republicano, en el marco del proceso constitucional.
Para tratar la situación, a la cita en el Palacio asistieron -además de Cordero y Mirosevic- la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma; el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director de la PDI, Sergio Muñoz; y el director de la ANI, Luis Marcó.
Tras el encuentro, Mirosevic explicó que las fiscalías prefieren invocar la Ley de Armas antes que la Ley Antiterrorista porque "tiene penas más altas y es más fácil de comprobar. Hay o no hay armas, y por lo tanto, es más fácil procesar y perseguir penalmente a través de esa ley, y no de la ley antiterrorista".
"No hay ningún complejo en aplicar la Ley Antiterrorista, esto no es un problema ideológico. Esto es un problema práctico, la ley hoy día es deficiente y necesitamos mejorar la tipificación. Ese es el corazón del problema", advirtió, explicando que la normativa "exige que se pueda comprobar el ánimo de la persona que realiza el ánimo terrorista, y eso es difícil de comprobar".
"Lo que necesitamos es mejorar la redacción, que todas las instituciones lleguemos al acuerdo de que esto es el texto que se haría cargo del problema de fondo, y con esto que persigamos a estos grupos que hoy día están intentado imponer el pánico en la sociedad chilena, pero que como Estado vamos a reaccionar", indicó el diputado del Partido Liberal.
El timonel de la Cámara Baja aseguró que "vamos a reaccionar duramente, esto no es un problema ni de oposición ni de Gobierno, aquí son las instituciones del Estado las que tienen que responder lo más duro, pero también lo más eficaz posible a estos grupos que, hoy día, no podemos permitir que continúen con este tipo de acciones".
Por ello, anunció que se realizó "un compromiso para que en 30 días más, nos volvamos a reunir con un texto que tenga como origen las incorporaciones de las fiscalías, las policías, lo que todas las instituciones tengan que decir sobre como tipificar mejor el delito terrorista, de tal manera que sea efectivo".
Por su parte, el ministro Cordero explicó que en el encuentro "se manifestó la inquietud sobre la gravedad de los hechos que han estado ocurriendo, y por lo tanto, la voluntad de todas las instituciones para abordarlo desde sus distintas atribuciones, la forma de afrontar este tipo de asuntos".
El secretario de Estado descartó que se realicen reuniones permanentes, aclarando que "el Presidente las cita en determinadas circunstancias. Lo que hay, es que quedó la coordinación en el equipo del Ministerio del Interior para fundamentalmente avanzar en las medidas legislativas que tenemos que abordar en el corto plazo".
El titular de Justicia recordó que la discusión por la Ley Antiterrorista "es un debate bien antiguo en el derecho chileno, la discusión sobre si se utiliza o no".
"Lo que sí está claro, es que la regulación de la Ley Antiterrorista en Chile requiere de modificaciones significativas, entre otras cosas. No solo por la manera en que está regulado el delito, sino que además porque requiere actualizaciones desde el punto de vista del contenido", complementó.
Cordero explicó que "estratégicamente, el Ministerio Público termina utilizando otro tipo de reglas, como la Ley de Armas (...) No solamente hay aspectos de la descripción, sino de cuál es la pena máxima. Nosotros, por distintos tipos de razones, que tienen que ver con nuestra trayectoria legislativa, hemos aumentado las penas en otras leyes, y no en esta. Entonces, requiere de una dimensión urgente de adecuación, pero también de una visión más estructural".
Además, el abogado aludió a los dichos del presidente Boric por los reparos de organismos internacionales al uso de la Ley Antiterrorista: "El Presidente de la República se refirió, específicamente, al uso de la Ley Antiterrorista que Chile terminó condenado en el Caso Lonkos, y la forma y modo en que se utilizó".
"El Presidente hizo esa advertencia para decir que la Ley Antiterrorista también tiene estos problemas de inaplicabilidad, y por tanto, una reforma que se deba aplicar también debe considerar ese tipo de estándares. Pero en eso, al menos existe un consenso hace bastante tiempo", cerró.
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