Las capturas de un ciudadano chileno y un sujeto peruano prófugo desde 2024 se concretaron durante un masivo operativo en las tomas "Vista Hermosa" y "Lamparaíso". El procedimiento incluyó la fiscalización de decenas de personas en situación migratoria irregular.
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en la comuna de Lampa a dos personas que se encontraban prófugas de la justicia, entre ellas un ciudadano chileno buscado por una agresión sexual contra una menor de 14 años y un ciudadano peruano requerido por un caso de violencia intrafamiliar (VIF).
Las detenciones se concretaron durante fiscalizaciones realizadas en los campamentos “Vista Hermosa” y “Lamparaíso”, ubicados en la comuna de Lampa, región Metropolitana, donde los funcionarios policiales ubicaron a ambos sujetos, quienes mantenían órdenes de detención vigentes.
De acuerdo con los antecedentes entregados, el ciudadano chileno mantenía una orden emitida hace aproximadamente dos meses por el Ministerio Público de la región de O’Higgins, por una investigación relacionada con agresión sexual contra una niña, niño o adolescente (NNA). En tanto, el ciudadano peruano tenía una orden pendiente desde 2024 por violencia intrafamiliar.
La prefecta Catherine González, jefa de la Prefectura Metropolitana Centro Norte de la PDI, explicó que “el primer prófugo detenido es un ciudadano chileno con una orden por abuso sexual de una menor de 14 años, el cual fue capturado en esta fiscalización. Junto con ello se logró la detención de un ciudadano de nacionalidad peruana por violencia intrafamiliar, quien estaba prófugo desde el año 2024”.
En el procedimiento participaron más de 50 funcionarios de distintas unidades especializadas de la PDI de la región Metropolitana, además de personal de la Jefatura Nacional de Migraciones, quienes realizaron controles a personas extranjeras residentes en el sector.
Durante el operativo, los equipos policiales también fiscalizaron a 30 extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular en el país.
Según informó la institución policial, en ambos campamentos residen poco más de 4 mil personas de diversas nacionalidades, por lo que este tipo de procedimientos buscan reforzar la identificación de personas con órdenes judiciales pendientes y el control de situaciones migratorias irregulares.
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