Durante la diligencia se requirió a la alcaldesa, Daniela Peñaloza y a otros funcionario del municipio, la entrega voluntaria de información y de algunos elementos de trabajo.
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La PDI allanó la Municipalidad de Las Condes e incautó computadores de funcionarios y de la Corporación de Educación y Salud, en el marco de una investigación que lleva la Fiscalía Metropolitana Oriente por presuntas irregularidades en la compra de un inmueble para la construcción de un Cesfam.
En la diligencia se habría requerido a la alcaldesa, Daniela Peñaloza, y a otros funcionarios municipales, la entrega voluntaria de información y ciertos elementos de trabajo.
Además, los funcionarios policiales incautaron los computadores del secretario municipal, Jorge Vergara Gómez; del director de la Secretaría Comunal de Planificación, Alejandro Contreras Morales, y del secretario general de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, Ricardo Gutiérrez Lafrentz, mientras que también habrían sido incautados algunos celulares.
La investigación penal se inició por la denuncia que hicieron los concejales Catalina San Martín (Evópoli), Sergio Melnik (Independiente-Republicano), Leonardo Prat (Independiente-Republicano) y Patricio Bopp (Independiente, tras haber renunciado a la UDI) en marzo pasado.
Fueron $430 millones más los que la Municipalidad de Las Condes habría pagado por un inmueble para construir un Cesfam. Así lo demuestran los documentos a los que Mega Investiga tuvo acceso.
“Nos mintieron, nos engañaron, había una oferta y no nos dijeron, no se nos presentó esa información”, explicó entonces la concejala de Las Condes, Catalina San Martín.
A través de un comunicado, la municipalidad de Las Condes aseguró que "la transparencia y la probidad" forman parte de su sello, "sobre todo para que los vecinos tengan la certeza del buen actuar de la administración".
Posterior a las diligencias, la corporación "se puso a total y plena disposición de la Fiscalía para facilitar la investigación", además de instruir "un sumario interno para determinar de manera fehaciente si hubo algún error administrativo en el proceso de adquisición de los terrenos y para determinar eventuales responsabilidades".
Asimismo, se contrató una auditoría externa para realizar una "revisión exhaustiva del proceso de compra de los terrenos para un futuro Cesfam".
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