La bancada del Partido Comunista rechazó las iniciativas del Presidente Kast, advirtiendo que las medidas sancionatorias impactarían el acceso a la gratuidad y la labor de los docentes.
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El ingreso a trámite legislativo de dos propuestas legales impulsadas por el presidente José Antonio Kast para abordar la violencia en los recintos educativos desató el rechazo inmediato de los parlamentarios del Partido Comunista.
Estas medidas, suscritas tras el homicidio de una inspectora en la ciudad de Calama, pretenden intensificar la fiscalización en los colegios y endurecer los castigos ante delitos perpetrados en contextos escolares.
Entre los ejes que han despertado mayor controversia se encuentra la disposición que busca inhabilitar a aquellos alumnos sentenciados por crímenes de gravedad, impidiéndoles el acceso al beneficio de la gratuidad en la educación superior.
En su rol como jefa de la bancada comunista e integrante de la comisión de Educación, la diputada Daniela Serrano alertó sobre una supuesta intención de limitar las ayudas estatales mediante esta normativa.
Al respecto, la legisladora manifestó: “Uno de los aspectos más preocupantes de este proyecto es que delimita que cualquier paralización de clase atenta contra la convivencia educativa (…) ya le estaríamos restringiendo el derecho a la gratuidad”.
Asimismo, la representante del PC sostuvo que la regulación propuesta traería consecuencias para el profesorado. Según Serrano, “aquellos profesores que legítimamente estén demandando incluso mejoras salariales (…) también estarían atentando contra la convivencia educativa”.
Para la parlamentaria, la iniciativa no resuelve el fondo del problema y posee un sesgo político. “Este es un proyecto que castiga principalmente a los y las estudiantes más pobres, no se hace cargo del conflicto, enfrenta profesores y estudiantes y por otra parte también es el gusto ideológico de este gobierno”, sentenció.
La visión del bloque opositor se contrapone a lo expresado por el Presidente Kast, quien durante la firma de los documentos instó al Congreso a tramitar las leyes con celeridad. “Chile no puede seguir esperando que ocurra otro hecho violento como el que sufrió Chile y Calama”, enfatizó el jefe de Estado.
El Mandatario defendió la propuesta como una política de Estado que trasciende sectores: “Esto es una convicción que tiene el gobierno y que tiene la inmensa mayoría de los chilenos. Necesitamos la colaboración de todos los sectores políticos, porque la violencia en las escuelas no tiene color político”.
Acompañada por sus pares Luis Cuello y Boris Barrera, Serrano insistió en que el Ejecutivo intenta establecer limitaciones de carácter permanente. “Sabíamos de las pretensiones que tenía este gobierno (…) lo hicieron en reiteradas ocasiones, intentaron hacerlo en la ley de presupuestos (…) y hoy día quieren pasarlo bajo una ley de la República que es permanente”, concluyó la diputada.
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