La ministra de la Mujer y Equidad de Género sostuvo que "la sororidad en política tiene que ver con no ocupar estereotipos que tradicionalmente se nos han asignado".
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La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, abordó los efectos que tendrá en el oficialismo los convenios del Serviu de Antofagasta de casi $426 millones que fueron adjudicados a la fundación Democracia Viva para trabajar con campamentos de la región.
Los contratos fueron suscritos por el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Conteras, y el representante legal de la fundación, Daniel Andrade. El primero fue asesor de la diputada Catalina Pérez y el segundo es actual pareja de la legisladora de Revolución Democrática (RD), cuya militancia fue congelada.
En primera instancia, Pérez descartó tener relación con los acuerdos y criticó que “no estoy disponible a tolerar ni a aceptar que se busque endosarme a mí, responsabilidades por actos que cometen terceros", criticando que se le culpe por "convenios que han suscrito dos hombres adultos".
Al respecto, Orellana señaló en La Tercera que "la sororidad en política tiene que ver con no ocupar estereotipos que tradicionalmente se nos han asignado. No evadir responsabilidades políticas". Agregó que la frase "le hace un flaco favor en la lucha de las mujeres".
La secretaria de Estado advirtió que "Chile ha vivido una crisis de deslegitimación de las instituciones desde hace bastante tiempo y que, por lo tanto, la manera de recuperar la confianza es precisamente la transparencia y la sanción de todo tipo de corrupción".
La titular de la Mujer señaló que "como sector crecimos principalmente en base a dos ideas. Una, ofrecer una opción de izquierda alternativa a la Socialdemocracia como a la izquierda comunista. Y, por otro lado, también como una respuesta a un malestar creciente por los escándalos de financiamiento en la política".
"Por eso es que tenemos que ser muy duros con cualquier atisbo de corrupción. Porque eso mina nuestras posibilidades como gobierno. No es solamente un delito, sino que también quiebra la confianza de las personas. Es una de las cosas más graves", complementó.
Asimismo, destacó que "los alcaldes de RD tuvieron una reacción muy categórica y pidieron que no hubiera ningún tipo de blindaje y se establecieran las responsabilidades penales, administrativas y también políticas. Independiente del estándar con el que otros nos evalúen, es nuestra reacción la que debe ser categórica. El ministro Carlos Montes entregará los antecedentes reunidos a la fiscalía para que investigue con total independencia".
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