Parlamentarios llegaron hasta el ente fiscalizador para que se pronuncie en relación al patrimonio y las empresas en las que algunos secretarios de Estado trabajaron antes de llegar al Gobierno.
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Parlamentarios de oposición llegaron hasta la Contraloría General de la República (CGR) para pedir al organismo que se pronuncie por un eventual conflicto de interés que tendrían ministros con el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.
La acción fue impulsada por los senadores Daniel Núñez (PC) y Daniella Cicardini (PS), junto a los diputados Juan Santana (PS), Daniel Manouchehri (PS), Gael Yeomans (FA), Jorge Brito (FA), Boris Barrera (PC), Carolina Cucumides (IND), Irací Hassler (PC) y Luis Cuello (PC). El requerimiento busca que el organismo revise el patrimonio y los vínculos empresariales previos de ciertos secretarios de Estado antes de asumir sus cargos gubernamentales.
El documento ingresado por los parlamentarios expone que "las y los diputados y senadores que suscribimos esta presentación, le solicitamos que, dentro de la esfera de sus atribuciones, se pronuncie sobre la eventual transgresión de los principios de probidad y de abstención, respecto de todas y todos los ministros de Estado del gobierno de José Antonio Kast Rist y demás autoridades que han intervenido en la redacción y tramitación del proyecto de ley, y si en lo sucesivo esas autoridades deban abstenerse de intervenir en la tramitación del proyecto de ley ya mencionado".
Al abordar los fundamentos de la denuncia, el diputado Santana (PS) argumentó la medida, "atendiendo los principios de probidad consagrados en la Constitución, y al principio de abstención, consagrado en la Ley 19.880, que establece reglas para los actos administrativos en el sector público”.
En la misma línea, el legislador socialista complementó: “hemos advertido una situación que es evidente, genera conflicto de interés, toda vez que hemos conocido también en el mes de marzo la declaración de patrimonio de los ministros y ministras y autoridades de esta administración".
Para ilustrar la magnitud de la situación, el congresista apuntó específicamente a los bienes declarados por los titulares de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Defensa, Fernando Barros.
Respecto al jefe de la billetera fiscal, Santana profundizó: "En el caso del ministro de Hacienda, producto de las millonarias propiedades con las que cuenta en la región Metropolitana, va a haber un beneficio directo con la exención de contribuciones, misma situación con la cual se van a ver beneficiadas las empresas en las cuales y las sociedades en las cuales él tiene participación, producto de la reducción de la tasa corporativa y de la reintegración del sistema tributario".
Posteriormente, el diputado se refirió a la situación del encargado de las Fuerzas Armadas, señalando que "en el caso del ministro de Defensa y gracias a un cruce de datos que ha realizado la institución denominada Nodo XI, este alcanza un patrimonio de cerca de setecientos mil millones de pesos, con lo cual, frente a los beneficios que tendría ante la aprobación de este proyecto de ley, se vería beneficiado en casi doscientos once mil millones de pesos al año".
A modo de síntesis sobre la gestión realizada, Santana remarcó: "hemos venido a solicitarle a la contralora general de la República que se pronuncie frente a lo que, a juicio nuestro, de los parlamentarios y parlamentarias aquí presentes, es un tremendo conflicto de interés entre los ministros del gobierno de Kast y la propuesta de los súper ricos presentada en el marco de la discusión de este plan de Reconstrucción Nacional, o más bien la reforma tributaria para súper ricos que ha presentado la actual administración".
Finalmente, el diputado Manouchehri enfatizó la postura del bloque opositor respecto al rol que deberían asumir las autoridades cuestionadas: "Nosotros lo que vamos a solicitar es que se abstengan del debate público, porque nos parece impresentable que se esté legislando y se esté influenciando a la opinión pública en temas que van a beneficiar el bolsillo de ellos mismos".
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