El documento, entregado al Congreso este jueves, expone más de $1,5 billones en observaciones objetadas tras 792 acciones de fiscalización realizadas entre abril de 2024 y marzo de 2025, incluyendo auditorías normativas, financieras y exámenes de cuentas.
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Un nuevo informe de la Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el estado de la gestión financiera del aparato estatal. El documento, entregado al Congreso este jueves, expone más de $1,5 billones en observaciones objetadas tras 792 acciones de fiscalización realizadas entre abril de 2024 y marzo de 2025, incluyendo auditorías normativas, financieras y exámenes de cuentas.
En total, se observaron $1.505.707.732.640, reflejo de lo que el organismo calificó como una estructura de control débil y fragmentada, donde la rendición de cuentas y la transparencia se encuentran en entredicho. “Las observaciones de los informes de la Contraloría constituyen la manifestación formal de una situación en la que se ha detectado un incumplimiento de leyes, reglamentaciones, normas o manuales”, señala el texto, que advierte que muchas de las irregularidades corresponden a operaciones de 2023 o años anteriores.
Entre las principales falencias detectadas, destacan errores por más de $359 mil millones en el cumplimiento de normas contables y presupuestarias, seguidos por anomalías contractuales que alcanzan los $328 mil millones, y deficiencias en los procesos de rendición de cuentas por más de $316 mil millones.
La Contraloría también puso la lupa sobre el manejo de fondos públicos, identificando desórdenes por $252 mil millones asociados a registros incompletos, conciliaciones bancarias inexistentes y saldos sin respaldo contable. En varios casos, se constataron cuentas bancarias con movimientos que no figuraban en la contabilidad oficial.
El área contractual mostró un patrón preocupante de irregularidades. Se detectaron “modificaciones de convenios sin justificación técnica, ampliaciones de costos y plazos no respaldadas, e incluso la ausencia de garantías de fiel cumplimiento”. Además, se documentaron prácticas como fraccionamiento de compras, contrataciones directas sin sustento legal y omisión de controles exigidos por la Ley de Compras Públicas.
En el sistema de rendición de cuentas, la situación es igualmente crítica. Se ejecutaron transferencias sin que se hubieran rendido fondos previos, muchas rendiciones carecían de respaldo o presentaban inconsistencias, y en algunos casos, simplemente fueron archivadas sin revisión.
Pagos improcedentes por más de $57 mil millones también quedaron en evidencia. La Contraloría detectó desembolsos sin documentación, duplicados, en exceso o destinados a personas no habilitadas para recibir beneficios, así como servicios no prestados o solo parcialmente ejecutados.
En paralelo, se alertó sobre más de $81 mil millones no percibidos por el Estado, producto de una gestión deficiente en la cobranza de multas, errores de cálculo y falta de acciones ante deudores. En varias entidades ni siquiera se iniciaron procedimientos de recuperación.
Uno de los aspectos más preocupantes es la inacción posterior a las observaciones: muchas instituciones no emprendieron procesos disciplinarios ni judiciales, y en varios casos, los montos observados ni siquiera fueron registrados como deudas. Esto, según la Contraloría, impide cualquier intento de restitución de los fondos.
El informe, de 233 páginas, priorizó los hallazgos “altamente complejos” y “complejos”, evaluando no solo el monto involucrado, sino también la frecuencia de las conductas y la gravedad de los fallos de control. Lo revelado refuerza una advertencia ya reiterada por el organismo fiscalizador: el desorden en la gestión fiscal del Estado no es nuevo, ni circunstancial.
PURANOTICIA
