Esto, luego de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, que confirmó la falta de respaldo del gasto de más de $10 mil millones, que debería haber sido utilizados para el mejoramiento de colegios municipales.
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La actual administración de la Municipalidad de San Joaquín presentó una querella en contra de 12 personas, entre ellas el ex alcalde Sergio Echeverría (PPD) que estuvo 16 años en el cargo, por eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude y falsificación de documentos públicos.
Esto luego de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, que confirmó la falta de respaldo del gasto de más de $10 mil millones, que debería haber sido utilizados para el mejoramiento de colegios municipales.
Esta misma situación ya había sido informada en 2021 por la Superintendencia de Educación al actual alcalde Cristóbal Labra cuando se realizó el traspaso de los establecimientos educacionales desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social al Servicio Local de Educación Gabriela Mistral.
La autoridad comunal sostuvo que Echeverría “no entregó toda la información legalmente requerida en materia de traspaso, y, especialmente, de pasivos o rendiciones de subvenciones no realizadas”.
Pero, el aludido afirmó que toda la información fue entregada en pendrives, que solo hubo “atrasos en las rendiciones”, que la cifra informada por Contraloría es “abultada” y que el hecho sería “una falta administrativa y no es ningún delito”.
De acuerdo con el informe de Contraloría, hay $9.111 millones sin respaldos en conceptos de fondos de apoyo a la Educación Pública (FAEP), Subvención Escolar Preferencial (SEP) y otras subvenciones para la educación municipal. De ese número, hay $6.809 sin comprobantes ni registros en libros contables o cartolas bancarias de la Corporación.
Además, se señaló que se contrató a una persona para realizar la rendición de los programas de educación y los saldos financieros contables, por el cual se pagó más de $15 millones para 14 meses, pero el municipio no pudo constatar que el trabajo se haya realizado.
La Contraloría envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público por los posibles delitos.
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