Sobre este tema, el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, opinó que “sin duda tiene que ser trabajado estrechamente con los gremios, con los Colegios profesionales y con la autoridad sanitaria para implementar medidas".
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Debido a la pandemia por covid-19 se registró un aumento de las listas de espera en los recintos sanitarios, que el Ministerio de Salud buscará reducir en 2023, como uno de sus principales desafíos.
El Departamento de Economía del Minsal dio a conocer un estudio en el que se estableció más de mil millones de dólares -alrededor de 856 mil millones de pesos- por las prestaciones no realizadas, como procedimientos quirúrgicos, atenciones de especialidad, salud mental, GES y otras afecciones. Agregó que la demanda postergada impactará en intervenciones hospitalarias en los siguientes años o provocará un aumento de la mortalidad.
Sobre este tema, el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, opinó que “sin duda tiene que ser trabajado estrechamente con los gremios, con los Colegios profesionales y con la autoridad sanitaria para implementar medidas, pensando en el mayor bienestar de la comunidad, que deban ser variables de acuerdo a la realidad de cada uno de los servicios de salud de nuestro país”.
Agregó que primero hay que mejorar las remuneraciones, porque “de esa forma más personal de salud, sobre todo especialistas, van a querer dedicar más tiempo y de forma exclusiva al manejo de las listas de espera”.
A su vez, el subdirector del Servicio de Salud Sur, Ignacio Silva, indicó que el esfuerzo debe estar centrado en el aspecto logístico de la red de salud y en funcionarios capacitados y motivados para llevar a cabo el proyecto.
A eso se debe sumar el involucrar “a los prestadores privados, pero con las reglas claras y en base a los requerimientos que tienen nuestros usuarios y usuarias y siendo bien transparentes en la ejecución”.
El diputado Andrés Celis (RN), miembro de la comisión de Salud, planteó una alianza público-privada para este desafío, para lo que “hay que instalar desde hoy una mesa (...) que tenga no más de 15 días para poder instaurar fechas y plazos para poder normalizar lo que son las listas de espera a un calendario que sea razonable”.
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