En sesión de la Comisión de Gobierno de la Cámara, el ministro Alvarado expuso los ejes prioritarios que guiarán la gestión de su cartera durante el presente año.
visitas
En una sesión de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, expuso los ejes prioritarios que guiarán la gestión de su cartera durante el presente año. Durante la instancia, el secretario de Estado desglosó la planificación legislativa que el Ejecutivo pretende tramitar en los meses venideros, enfocándose en la descentralización y otras materias bajo la jurisdicción del ministerio.
El debate central de la jornada giró en torno a los retos migratorios, con especial énfasis en la ejecución de las expulsiones de personas en situación irregular. Sobre este punto, el ministro Alvarado subrayó que la meta actual consiste en “materializar en tiempo y forma las expulsiones cuyo proceso ya está avanzado y que hay que desarrollar”.
El jefe de gabinete hizo hincapié en el elevado costo operativo de estos procedimientos. Explicó que, bajo normativas internacionales, cada individuo expulsado en vuelos comerciales requiere la custodia de dos efectivos de la PDI. En contraste, si el traslado se realiza en aeronaves de la FACh, se exige la presencia de un funcionario de la policía civil por cada migrante, factores que limitan la disponibilidad de cupos y la frecuencia de los viajes. A estas dificultades logísticas se suma la complejidad diplomática de no mantener vínculos con Venezuela, circunstancia que obstaculiza la realización de traslados de manera más ágil, eficiente y coordinada.
Pese a los argumentos entregados por Alvarado, la mayoría de los parlamentarios de la comisión manifestaron sus críticas hacia el proceso. Los legisladores recalcaron que la presentación careció de proyecciones numéricas, estadísticas claras o un cronograma por etapas para el cumplimiento de las expulsiones. Asimismo, los diputados expresaron su inquietud por otros nudos críticos del sistema: existen actualmente 23 mil solicitudes de nacionalización a la espera y 123 mil trámites de regularización pendientes. Según los integrantes de la instancia, este rezago administrativo atenta contra el objetivo de alcanzar una migración que sea segura, regular y ordenada.
Dentro de las metas proyectadas por el ministro Alvarado para el 2026, se incluyeron temas de descentralización referidos a la transferencia de competencias a gobiernos regionales y la política nacional para zonas extremas. También mencionó la puesta en marcha del Sistema de Inteligencia del Estado y el fortalecimiento de las políticas de prevención y rehabilitación de adicciones a drogas y alcohol.
La comisión, encabezada por la diputada Joanna Pérez, resolvió citar a un nuevo encuentro con el secretario de Estado para profundizar en estas materias y dar seguimiento a los puntos que quedaron sin resolver durante esta primera sesión informativa.
PURANOTICIA
