La titular de Seguridad Pública presentó ante la Cámara tres objetivos clave y siete ejes estratégicos para combatir el crimen organizado, reforzando fronteras, rutas y cárceles.
visitas
Durante una sesión especial en la Cámara de Diputados, el Plan de Seguridad Pública fue expuesto en detalle por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. La iniciativa gubernamental se fundamenta en tres objetivos prioritarios: la recuperación del control territorial por parte del Estado, el incremento de la eficacia policial junto al sistema de persecución criminal, y el fortalecimiento institucional.
Al profundizar en la estrategia, la secretaria de Estado delineó acciones específicas destinadas a la intervención de puertos, calles, rutas, fronteras, recintos penitenciarios y zonas dominadas por agrupaciones delictuales. Asimismo, el proyecto contempla avanzar en nuevas herramientas legales para enfrentar la delincuencia, además de la modernización tecnológica orientada a la persecución penal y el refuerzo de la inteligencia policial.
El diseño de esta política pública se estructura sobre la base de siete ejes estratégicos. Estos lineamientos abarcan el combate al terrorismo y al crimen organizado, la recuperación territorial, la prevención integral del delito, el fortalecimiento policial, el análisis criminal en coordinación con los municipios, la integración de la sociedad civil y la seguridad privada, además de los nuevos desafíos ministeriales.
Respecto a las metas principales planteadas por Steinert, la primera de ellas apunta a que el Estado recupere el control territorial, un propósito que se implementará de manera simultánea a través de seis dimensiones operativas:
En materia de control de fronteras, se advirtió que los límites de la zona norte funcionaron por años como áreas de tránsito libre para la migración irregular, la trata de personas, el tráfico de armas y drogas, sumado a un contrabando desbordado. Para enfrentar esto, se dispuso la vigilancia tecnológica tanto en pasos no habilitados como habilitados, el resguardo estratégico del Corredor Bioceánico Vial, la cooperación con Estados Unidos y naciones vecinas, y la reactivación de la Mesa Nacional de Seguridad Fronteriza.
Sobre el control de rutas, el diagnóstico señala que las vías operan como el sistema circulatorio de la economía, pero también de las bandas organizadas, considerando que el robo de vehículos experimentó un alza del 22% entre 2021 y 2025. La medida central será el Plan Escudo en Ruta, el cual incluye fiscalización interagencial, cercos viales dinámicos, control vehicular permanente y la ampliación a más comunas del SITIA (Sistema Integrado de Teleprotección con IA).
El control de las calles exigirá una presencia policial de carácter disuasivo y visible. Esto irá acompañado de una estricta fiscalización del porte ilegal de armamento —delito que en cuatro años subió un 92% en el caso de armas de fuego y un 142% en armas blancas— y la intervención de incivilidades. Estas últimas no solo merman la calidad de vida ciudadana y deterioran los espacios públicos, sino que representan la antesala para la comisión de delitos mayores.
En cuanto al control de las cárceles, se enfatizó que el Estado de Derecho pierde todo su significado si el crimen organizado logra operar con autonomía intramuros. Gracias a la reforma constitucional promulgada el 9 de abril, Gendarmería pasó a depender del Ministerio de Seguridad Pública, lo que implica su transformación en Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Este cambio permitirá segregar a los reos según su nivel de peligrosidad, potenciar la inteligencia penitenciaria y dar captura a los casi 3.800 prófugos que actualmente circulan libremente para que cumplan sus respectivas condenas.
El control de los puertos resulta vital al ser identificados como las rutas primordiales para el envío de narcóticos hacia Asia, Estados Unidos y Europa. La estrategia en este ámbito abarca el control tecnológico de contenedores, la trazabilidad de la carga, una fiscalización portuaria reforzada y la articulación constante con la Marina Mercante, Aduanas y la Policía Marítima.
La sexta dimensión corresponde al control de los territorios tomados, descrita como el área más dolorosa debido a que las bandas asumen el mando donde el Estado se retiró. Este escenario demanda intervenciones sostenidas e integrales bajo una consigna operativa clara: "Recuperamos, Devolvemos y Evitamos su recaptura".
El segundo gran objetivo radica en la eficacia policial y del sistema de persecución criminal, cuyo fin último es lograr que las detenciones se conviertan efectivamente en sentencias. Para el actual Gobierno, esta eficacia se materializa mediante la aplicación de cuatro exigencias concretas: medir, rendir, planificar y coordinar.
Finalmente, el tercer pilar aborda el fortalecimiento institucional del Estado. Este propósito se ejecutará a través de cinco dimensiones específicas: la entrega de respaldo legal y político tanto a la Policía de Investigaciones como a Carabineros, la mejora de las condiciones materiales de ambas instituciones, el aumento de la dotación tecnológica, la ampliación de las facultades legales y, por último, la implementación de Leyes junto a la integración de colaboradores.
PURANOTICIA
