La titular de la cartera de Seguridad Pública rechazó los rumores sobre la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI. Además, expuso los ejes de la política gubernamental para enfrentar la crisis delictual.
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En la comisión de Seguridad del Senado, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, rechazó cualquier injerencia en la salida de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña. La autoridad respaldó lo señalado previamente por el director Eduardo Cerna, quien aseguró que la decisión “fue institucional”.
Al abordar las especulaciones, la autoridad gubernamental remarcó de forma categórica: “Alguna injerencia mía, no. Y quiero expresar en este momento la incomodidad que me ha generado el sentir que hay ciertas expresiones, incluso, vejatorias por parte de la comunidad y de distintos actores”.
Frente a los rumores que buscaban atribuir motivaciones de índole privada a este episodio, la titular de Seguridad Pública sostuvo que "yo soy una madre, además, y es complejo recibir estas expresiones con intentos de una historia paralela que no ha sido”. A renglón seguido, profundizó en su molestia indicando que “esta historia paralela desde el punto de vista, digamos, amoroso -que nunca ha sido así-, como si eso no prendió, después se intenta hacer entender a la comunidad que hay un conflicto; un complot o algo así”.
Con el propósito de dar por superada la controversia, la ministra hizo hincapié en su experiencia profesional: “Tengo una trayectoria desde el 2005 como fiscal. Ahora estoy enfrentando esta crisis de seguridad con el mayor honor, y quiero que podamos realizar este trabajo con todas las instituciones que corresponden, que seamos un aporte en la construcción de un país más seguro, y eso es lo que me interesa y lo que me llama a servir al país”.
Dejando atrás la polémica, la sesión legislativa sirvió para que Steinert detallara la estrategia en materia delictual impulsada por la administración del presidente José Antonio Kast. En ese contexto, advirtió que el país atraviesa por una “emergencia de seguridad”, escenario que, a su juicio, demanda la aplicación de acciones más severas y veloces que las utilizadas habitualmente.
Como pilares fundamentales de este plan, la secretaria de Estado enumeró el combate frontal al crimen organizado, las labores de prevención del delito y el análisis criminal. A esto sumó la necesidad de un fortalecimiento policial, asegurar el control territorial, aplicar un endurecimiento de penas y llevar a cabo la ampliación de la infraestructura penitenciaria.
Finalmente, la autoridad recalcó que la meta central de estas directrices es restaurar el orden público, entregando así una solución efectiva y articulada frente al creciente temor que afecta a la ciudadanía.
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