La titular de la cartera de Seguridad Pública recalcó que la relación profesional de su expareja con clientes no tiene conexión con la sociedad compartida, la cual, “no tiene movimientos”.
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La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se refirió a la controversia generada tras conocerse que mantiene una sociedad inmobiliaria vigente junto a su expareja, el abogado Rodrigo Irrazabal Izikson, quien ha figurado como defensor en causas asociadas a narcotráfico.
Durante un punto de prensa, la secretaria de Estado descartó de plano cualquier tipo de nexo entre las labores profesionales de su expareja y la mencionada empresa, argumentando que la firma jamás operó desde su origen. “El abogado con que la noticia me vincula es mi exmarido, con el que hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio”, precisó.
En esa misma línea, la autoridad hizo hincapié en que los vínculos laborales del jurista con sus representados están totalmente desligados de la entidad que ambos comparten. Al respecto, garantizó: “Su relación con ninguno de sus clientes ha sido a través de esta sociedad”.
Las críticas de Steinert también apuntaron al enfoque de la información publicada por el diario La Segunda, cuestionando las interpretaciones que se desprendieron de dicho reportaje. “Quiero rechazar tajantemente la insinuación que hace el titular. Una reflexión: en política no todo vale”, manifestó.
Sumado a lo anterior, la ministra entregó detalles sobre el historial judicial de su exesposo, indicando que su rol en defensas por narcotráfico sería sumamente acotado, según le transmitió el propio abogado. “Conocida esta información, él me acaba de señalar que, en una sola oportunidad, hace 16 años, representó a una persona vinculada a este tipo de delitos”, aseveró.
Cabe mencionar que el nombre de Irrazabal Izikson figura dentro de los registros elaborados por la Contraloría General de la República, nómina que agrupa a los profesionales que han intervenido en causas por tráfico de drogas.
Previo a las declaraciones de la ministra, desde el Ministerio de Seguridad ya habían precisado que la firma “no tiene movimientos”. Asimismo, detallaron que la empresa nació cuando ambos estaban casados y que, tras la separación, la sociedad “quedó en el olvido”, asegurando además que no se generaron utilidades ni actividades comerciales.
En medio de la polémica, el presidente José Antonio Kast se pronunció sobre la controversia, señalando que revisará los antecedentes antes de emitir una opinión más detallada.
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