La titular de Educación explicó los alcances de “Escuelas Protegidas” y del plan para endurecer sanciones, destacando su carácter preventivo y de contención frente a la crisis en los colegios.
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La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó en detalle los principales ejes de los proyectos impulsados por el gobierno de José Antonio Kast para enfrentar la violencia escolar, poniendo énfasis en su carácter urgente y en la necesidad de reforzar la seguridad dentro de los establecimientos.
En entrevista con CNN Chile, la secretaria de Estado explicó la iniciativa denominada “Escuelas Protegidas”, que contempla, entre otras medidas, la posibilidad de restringir ciertas prendas de vestir y establecer la revisión de mochilas y bolsos al interior de los colegios.
Además, la autoridad se refirió a un segundo proyecto —liderado por el Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Trinidad Steinert— que busca endurecer las sanciones por hechos violentos en contextos educacionales. En ese sentido, sostuvo que ambas propuestas “enfrentan la emergencia, con medidas que son de mediano plazo”.
“Lo que tiene que ver con la seguridad, son medidas mucho más urgentes para contener la crisis (de violencia escolar)”, agregó María Paz Arzola.
La ministra reconoció que las iniciativas no apuntan directamente al origen del problema, pero sí a su contención inmediata: “Muchas de las medidas que están contenidas en estos proyectos de ley, no apuntan naturalmente al problema de fondo, pero sí a enfrentar una emergencia que es impedir que se cometan delitos al interior de los colegios, y también el porte de armas, y que se den estas situaciones que nosotros hemos dicho, no deben tener cabida en el espacio escolar”.
Respecto a “Escuelas Protegidas”, Arzola aclaró que su implementación no será obligatoria: “esto no es una medida obligatoria que tengan que llevar a cabo los colegios. Esto es una posibilidad de que los colegios que lo quieran poner en su reglamento interno puedan hacerlo”, destacando que se trata de una alternativa disponible tanto para establecimientos públicos como privados.
Asimismo, reconoció la complejidad de la propuesta: “nos costó redactar esto porque no es fácil, está el derecho a la privacidad, entonces esto tiene que hacerse de manera muy cuidadosa”.
Sobre el procedimiento de revisión, explicó que debe realizarse bajo estrictos resguardos: “La idea es llevarlo a un lugar (al estudiante), apartarlo en una sala y poder ahí pedirle que abra su mochila o que muestre si es que tiene algo”.
En caso de negativa, detalló que “Si él no quiere, entonces hay que llamar al apoderado. Y si es que el apoderado no llega o se sigue sin poder identificar lo que hay adentro, entonces ahí recién se llama a Carabineros, que son ellos los que realmente pueden hacer la acción, digamos, de revisar la mochila, porque un profesor no está habilitado para hacer algo así”.
En esa línea, enfatizó que la ley prohíbe revisiones forzadas por parte del personal educativo: “En el proyecto de ley explicitamos que no puede ser de manera forzosa, por eso se le solicita al estudiante que lo abra”.
También descartó revisiones corporales: “Por eso digo que son las pertenencias, no es la ropa. Mochilas, bolsos, así está redactado en el proyecto de ley”.
En cuanto al proyecto que endurece sanciones, la ministra explicó que busca aumentar la responsabilidad penal en delitos cometidos en el ámbito escolar. La iniciativa plantea que “Esta propuesta permitirá equiparar la responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes a la de una persona adulta que cometiera el mismo delito fuera del contexto educacional, por considerarse especialmente grave”.
Además, se indica que “Por su parte, en el caso de personas adultas que cometan delitos comprendidos en las nuevas agravantes, su responsabilidad penal aumentará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 y siguientes del Código Penal".
Sin embargo, Arzola precisó el alcance de esta medida: “la idea es que no parte desde el grado mínimo de la pena, cuando se habla de agravar o endurecer (...)”.
Y aclaró que no se busca equiparar completamente las sanciones entre menores y adultos: “No se equiparará la responsabilidad penal de un adolescente con la de un adulto”.
La titular del Mineduc también destacó un componente orientado a fortalecer la autoridad docente, mediante modificaciones al Estatuto de los Profesionales de la Educación. “La idea es acá explicitar en el estatuto de los profesores la atribución de poder hacer y que puede hacer, pero en la medida que uno lo explicita le da de alguna manera un espaldarazo para que el profesor tenga las facultades explícitas en la ley de su rol formativo en lo que tiene que ver con el manejo de la convivencia escolar”.
En esa línea, subrayó que no se trata de cambios curriculares, sino de convivencia: “Si el niño le falta el respeto, que el profesor sienta el respaldo de que puede llamarle la atención y que eso no va en desmedro del niño, sino que, todo lo contrario, ese niño aprende a respetar la autoridad, así como tiene una autoridad en la casa que son los papás, la idea es que en el colegio sepa que la autoridad es el profesor, que tiene que respetarlo y eso va en beneficio del niño”.
Sobre el derecho a manifestación, la ministra aseguró que este se mantiene, pero fuera del horario de clases y sin afectar el funcionamiento del establecimiento.
Finalmente, defendió la medida que establece la pérdida temporal de gratuidad universitaria para quienes sean condenados por delitos graves en contexto escolar, señalando que su objetivo es disuadir la violencia.
“La idea acá es disuadir, porque hoy día, cometer delitos en el contexto educativo no tiene costos. Nosotros queremos ponerle costos, porque queremos transmitir, de nuevo, que los delitos, que la violencia, no pueden tener cabida en el espacio escolar y que la educación tiene que ser un espacio especialmente protegido”, afirmó.
Asimismo, rechazó que se trate de eliminar beneficios sociales: “a mí me parece que, si nosotros quisiésemos tener una discusión de fondo de la gratuidad, la tendríamos directamente”.
“Yo no tenía ningún problema en hacerlo, pero acá lo que estamos haciendo en definitiva es tratar de disuadir, de evitar que se cometan delitos y que haya violencia en el espacio escolar”, concluyó.
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