Para garantizar la seguridad en los establecimientos educacionales, la ministra de Educación, María Paz Arzola, junto a la titular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert viajaron hasta la ciudad de Calama para suscribir un importante convenio con Carabineros.
El encuentro se desarrolló exactamente a un mes de los trágicos sucesos registrados en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde un estudiante de 4° medio protagonizó una agresión con arma blanca que dejó a cuatro personas lesionadas y a una inspectora fallecida. En la instancia, las secretarias de Estado estuvieron acompañadas por el general director de Carabineros, Marcelo Araya. Durante la cita, las autoridades no solo profundizaron en los alcances de esta alianza, sino que también actualizaron el estado de diversas gestiones intersectoriales, administrativas e interministeriales diseñadas para dotar de mayor protección a las comunidades escolares a nivel nacional.
Sobre el acuerdo suscrito, se explicó que su finalidad es fijar un marco formal de asistencia recíproca y colaboración. Este vínculo integrará a la Subsecretaría de Educación, la Subsecretaría de Seguridad Pública y Carabineros, buscando la ejecución y coordinación de tácticas conjuntas que permitan blindar y dar tranquilidad a los entornos educativos.
FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA ALIANZA POLICIAL
Para garantizar que este pacto se despliegue de manera óptima, las entidades participantes asumieron compromisos específicos:
- Se establecerá un mecanismo de coordinación permanente destinado a evaluar, monitorear, ejecutar y planificar las labores pactadas, resguardando en todo momento las competencias legales de cada organismo.
- De igual forma, será obligación designar contrapartes técnicas que tendrán la misión de apoyar la materialización de los proyectos, coordinar las solicitudes y canalizar la información. Dichos nombramientos, así como sus eventuales cambios, tendrán que ser comunicados y formalizados por vías oficiales. En el caso específico de Carabineros, esta responsabilidad será asumida por los jefes de zona.
- Por otro lado, cualquier determinación de carácter estratégico deberá tomarse siguiendo los conductos administrativos pertinentes. Además, se programarán jornadas periódicas de trabajo conjunto, las cuales contarán con un registro formal de los consensos alcanzados.
- Bajo este contexto, se impulsará la conformación de mesas de trabajo a nivel regional y la ejecución de actividades socioeducativas dirigidas al alumnado. Estas instancias, que incluirán capacitaciones, talleres y charlas, estarán orientadas al bienestar integral, la prevención de riesgos y el fomento de una convivencia escolar respetuosa y segura.
BATERÍA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES
En paralelo a la firma del convenio, se comunicó el avance de un conjunto de iniciativas complementarias, algunas en pleno desarrollo y otras próximas a su ejecución:
- Tramitación del proyecto de ley Escuelas Protegidas: Esta iniciativa pretende entregar una solución apremiante a la problemática actual, enmarcándose en acciones previas ya concretadas, como la reciente aprobación de la ley de convivencia.
- Ley de convivencia: Su entrada en vigencia está programada para el mes de julio. Durante este periodo de transición, el Ministerio se encuentra elaborando las orientaciones y el reglamento para aplicar la nueva normativa, con el fin de instruir a las comunidades escolares para su rápida implementación.
- Mesa interministerial: Bajo la premisa de que los actos delictuales dentro de los recintos superan las capacidades de un colegio, el Ministerio de Educación conformó una instancia de trabajo conjunto con las carteras de Desarrollo Social, Salud, Deportes y Seguridad.
- Plan del gobierno regional: La cartera de Educación ha tenido una participación activa en las estrategias impulsadas por el Gobierno regional de Antofagasta, las cuales buscan proveer la infraestructura necesaria para prevenir incidentes en los perímetros escolares.
- Fondo de 200 millones: Se destacó el anuncio de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), entidad que entregará un aporte excepcional de $200 millones. Estos recursos se utilizarán para implementar medidas que robustezcan las habilidades socioemocionales y mejoren los estándares de seguridad en las comunidades educativas.
(Imagen: Gobierno)
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