La Ley de Fortalecimiento permitirá en cuatro años la incorporación de 819 profesionales, incluidos 205 fiscales.
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La Fiscalía Nacional iniciará en mayo el proceso de selección de 221 nuevos funcionarios, entre ellos 70 fiscales, como parte de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público.
La normativa, esperada por la institución que dirige Ángel Valencia, permitirá en cuatro años la incorporación de 819 profesionales, incluidos 205 fiscales. Según el Ministerio Público, esta primera etapa se diseñó con criterios estratégicos orientados a mejorar la persecución penal y la atención de víctimas y testigos.
Según consigna La Tercera, el propósito general de la medida es subsanar las carencias operativas históricas detectadas en las dependencias locales. Asimismo, se pretende robustecer la capacidad de reacción inmediata ante los ilícitos, con especial énfasis en los casos de flagrancia, además de potenciar las indagatorias vinculadas a delitos de alta complejidad y crimen organizado.
De manera complementaria, agregaron que se estableció como urgencia el fortalecimiento de las unidades abocadas al acompañamiento, protección y atención de víctimas y testigos, abarcando desde la etapa investigativa hasta su intervención en los juicios orales.
Para diseñar la repartición del nuevo personal, se tomaron en cuenta tres factores fundamentales: los requerimientos operativos notificados por las fiscalías regionales, las prioridades estipuladas en la actual Política de Persecución Penal y la experiencia institucional recabada en modelos de gestión previos.
Toda esta información previa, de acuerdo a lo precisado por la Fiscalía Nacional, hizo posible “definir líneas de trabajo coherentes con la realidad territorial, los tipos de delitos que se investigan y las capacidades que cada Fiscalía necesita fortalecer”.
Respecto a la distribución inicial, desde la entidad puntualizaron: “Durante el primer año se ejecuta el 27% de la dotación total entregada por ley (70 fiscales y 151 funcionarios). Es importante señalar que el 92% de esa dotación se destina directamente a funciones operativas en las fiscalías regionales, con foco en fortalecer el trabajo en fiscalías locales, fiscalías con menor dotación, unidades estratégicas y equipos vinculados a la investigación, análisis criminal y atención de víctimas y testigos".
La asignación exacta por cada región, indicaron desde la institución, se encuentra en plena fase de implementación, labor que se desarrolla de manera conjunta con las respectivas fiscalías regionales. En tanto, la Fiscalía Nacional estará a cargo de liderar el proceso de selección y reclutamiento, el cual contemplará además una etapa de formación de carácter obligatorio dirigida a abogados asistentes y fiscales.
Más allá de la inyección de personal, la Ley de Fortalecimiento trae consigo modificaciones orgánicas para modernizar y robustecer el Ministerio Público. Tal como se destacó desde la entidad, se pondrán en marcha la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal, la Unidad de Probidad Interna y la Unidad de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación.
Si bien estas áreas se nutrirán de los recién ingresados, solo el 19% de las nuevas contrataciones irá a estas dependencias. El resto se dividirá en un 40% para el reforzamiento operativo, un 35% destinado a procesos críticos y un 5% para apoyar a la Fiscalía Nacional.
Cabe recordar que el Tribunal Constitucional descartó ciertas disposiciones de la normativa original, como la facultad del Fiscal Nacional para devolver las ternas de fiscales regionales y la opción de que los persecutores regionales salientes pudieran reintegrarse como fiscales adjuntos. Pese a ello, desde la Fiscalía Nacional buscarán insistir en estas ideas.
Fuentes del Ministerio Público indican que se pretende persistir en la norma sobre el retorno de los fiscales regionales. Por un lado, el objetivo es potenciar que los mejores perfiles concursen al cargo, evitando el desincentivo actual donde el fin del periodo significa el término de su carrera. Por otra parte, se busca asegurar que todo ese conocimiento y experiencia permanezcan en la institución, volcándose al trabajo diario de las regiones.
A nivel interno, se comunicó a los funcionarios que el fortalecimiento de las fiscalías locales se basará en un análisis del ingreso de causas, identificando las regiones con mayor concentración de hechos. De este modo, se mapearon aquellas oficinas con mayor carga, específicamente las que superen el umbral del 20% respecto de su zona y las que tengan un 10% más que el umbral nacional.
Por su parte, para sumar abogados asistentes se consideró el ranking de las regiones que presentan la mayor tasa de causas por delitos focalizados.
En cuanto al reforzamiento en las unidades locales, la idea es proveer a las regiones de técnicos y profesionales para incorporar la atención y protección a testigos y víctimas en los distintos procesos de tramitación de la causa. Esto implicará adoptar medidas de protección conforme al nivel de riesgo de la persona, o las medidas de atención pertinentes a las necesidades que presente. Todo esto, se advirtió, en base a las evaluaciones que se efectúen y las estrategias de intervención y protección que se definan para cada caso.
Paralelamente, en el marco de la implementación de esta ley, el Ministerio Público pretende transitar hacia procesos de turnos de instrucción macrozonales en todo el país, factor que también se considerará en la distribución de abogados asistentes y fiscales.
Actualmente, existen tres turnos de instrucción macrozonal: en la zona norte, en el centro sur (O’Higgins y Ñuble) y en la zona austral. Esta línea de reforzamiento busca migrar hacia un “modelo de ingreso, clasificación y asignación de causas regional”, según se ha transmitido a los funcionarios.
Para lograr este objetivo, se establecerían pilotos con un avance gradual a nivel país. La finalidad, como se argumentó en su momento, es homologar y mejorar el análisis y asignación inicial de las causas, derivándolas a las fiscalías locales con mejores antecedentes. Para esto, se sumará el nuevo rol de técnico de análisis de causas y se requerirá avanzar en nuevas tecnologías.
Adicionalmente, cada región implementará un Sistema de Análisis Criminal para Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad (SAC), el cual deberá ajustarse a los ingresos que tenga cada zona.
PURANOTICIA
