En concreto, los antecedentes apuntan a una empresa tecnológica radicada en Estados Unidos, una consultora de carácter familiar y una asociación de propietarios vinculada a un exclusivo barrio residencial norteamericano en el que la autoridad mantiene un inmueble.
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Los diputados Juan Santana (PS), Luis Cuello (PC), Bernardo Salinas (PC) y la diputada Gael Yeomans (FA) anunciaron que oficiarán a todos los ministros de Estado luego de las declaraciones de Ximena Lincolao, máxima responsable de la cartera de Ciencia y Tecnología, quien admitió la existencia de sociedades que no fueron incorporadas en su declaración patrimonial.
El caso salió a la luz pública gracias a una investigación del medio Fast Check, donde se expuso que la secretaria de Estado omitió al menos tres entidades en sus registros oficiales.
En concreto, los antecedentes apuntan a una empresa tecnológica radicada en Estados Unidos, una consultora de carácter familiar y una asociación de propietarios vinculada a un exclusivo barrio residencial norteamericano en el que la autoridad mantiene un inmueble.
Al ser abordada por el citado medio sobre estas irregularidades, la titular de Ciencia respondió sembrando dudas sobre sus pares: "¿Tú hiciste fact check (...) de los otros ministros también?".
“Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo”, indicó.
Las tres sociedades no declaradas serían Innova Nehuén SpA, Tech Apprenticeships LLC y la Asociación de Propietarios de Potomac.
En el caso de la primera, se trata de una empresa familiar sobre la que la secretaria de Estado aseguró al citado medio que le pidió a su abogado que “la cerrara (…) entonces, nunca tuvo actividad y creo que ahora sí ya está cerrada”.
No obstante, Fast Chek constató que el cierre de la empresa tecnológica aún no se ha concretado.
Respecto de Tech Apprenticeships LLC, indicó que esta se encuentra en proceso de cierre temporal y que la Asociación de Propietarios de Potomac es solo “una junta de vecinos”.
Respecto a su participación en la empresa “Build Within”, que está ubicada en el paraíso fiscal de Delaware, dijo que "el 95% de las tecnologías, compañías de tecnología en Estados Unidos se hacen en Delaware. Y eso es algo muy típico de las compañías de tecnología en Estados Unidos”.
Finalmente, expresó que solo quiere que todo “sea aclarado, porque a mí me importa mucho mi integridad, porque yo he trabajado mucho por mi carrera”.
Frente a este escenario, el legislador socialista Juan Santana enfatizó la gravedad institucional del asunto, argumentando que "la total declaración del patrimonio es una obligación legal contenida en el artículo 8 de nuestra Constitución. Pero ahora además es una doble obligación, cuando se discute una reforma que eventualmente podría beneficiar también a los ministros de Estado, como lo es la reforma tributaria a los súper ricos. La ministra Lincolao además señala que los otros ministros también podrían haber ocultado información en sus declaraciones, lo que nos parece que es muchísimo más preocupante”.
Por su parte, el representante comunista Luis Cuello vinculó esta polémica con requerimientos previos no contestados por el Ejecutivo. El diputado aseveró que "es grave que en el contexto del debate respecto del proyecto de ley de súper ricos, el Gobierno aún no responda el oficio que enviamos estos mismos parlamentarios al al Ministerio de Hacienda para pedirles que entreguen la información respecto de los beneficios económicos cuantificados que van a recibir los ministros que poseen sociedades y empresas de alto valor. Hay una contaminación por los conflictos de interés y por el ocultamiento de información".
Desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans recalcó el objetivo central de esta acción fiscalizadora. Según sus palabras, lo que "se busca es evitar los conflictos de interés y mostrarle al país que, en cualquier debate, va a primar el interés público y no el interés personal. Espero que el mismo Gobierno y todos sus ministros transparenten y aclaren esta situación de inmediato".
En la misma línea, el diputado Bernardo Salinas (PC) advirtió sobre el choque de roles que afecta a la secretaria de Estado, indicando que "hay incompatibilidad en lo que declara la ministra de Ciencia, porque es ella quien debe supervisar y fiscalizar empresas que estarían ligadas a sociedades que, supuestamente, no manifestó en su declaración de interés y patrimonio. Realizaremos todas las acciones legales necesarias, pues los chilenos merecen saber quiénes son sus autoridades y qué nivel de ética y principios tienen".
Finalmente, los congresistas advirtieron que, de comprobarse las insinuaciones de la ministra Lincolao sobre la falta de información patrimonial por parte de otras autoridades gubernamentales, elevarán los antecedentes a la Contraloría General de la República. El objetivo de esta eventual presentación será que el ente contralor indague la legalidad de los documentos presentados por el gabinete y establezca si existen incumplimientos a las obligaciones de transparencia y probidad pública.
PURANOTICIA
