Acuerdo entre los ministerios de Hacienda y Trabajo con la Mesa del Sector Público establece en uno de sus puntos que la no renovación de contratas se realizará "únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho".
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El acuerdo de los ministerios de Hacienda y del Trabajo con la Mesa del Sector Público para un reajuste del 3,4% también incluyó una "ley de amarre" para impedir los despidos arbitrarios de los trabajadores fiscales, lo que fue rechazado por la oposición. En los próximos días, el Gobierno enviará al Congreso el proyecto respectivo.
Este "amarre" dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.
También establece que “los funcionarios con al menos dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación o su renovación en condiciones distintas, conforme al artículo 160 de la ley N° 18.834 o al artículo 156 de la ley N° 18.883, según corresponda. La Contraloría General de la República sólo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.
Además, incluye “una norma que regule al personal que preste asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, Ministros, Subsecretarios, Gobernadores Regionales, Delegados Presidenciales, Seremi y jefes superiores de servicios designados por el Presidente; respecto a su modalidad de contratación, causales de cese, límites a su número y remuneraciones, inhabilidades, mecanismos de transparencia y normas transitorias para su aplicación”.
Al respecto, el diputado de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum (RN), caificó la iniciativa como “impresentable, porque la intención es establecer una suerte de inamovilidad de los actuales partidarios del gobierno”.
Por su parte, el diputado Felipe Donoso (UDI), de la misma comisión, dijo que “es absolutamente inaceptable las normas de amarre que el Gobierno compromete con los funcionarios públicos. Esto supera por mucho lo que ha realizado cualquier Gobierno que pierde la elección".
"No solo dejaron un Presupuesto desfinanciado y sin glosa republicana, si no que ahora buscan amarrar a sus activistas y operadores políticos para impedir la instalación de un nuevo Gobierno", añadió.
PURANOTICIA
