El senador de RD recordó que la diputada mantiene suspendida su militancia en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva.
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El presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, se refirió al proceso que terminó con la expulsión del partido de Daniel Andrade y del exseremi Carlos Contreras, que además mantiene suspendida la militancia de la diputada Catalina Pérez en el marco del denominado caso "Convenios".
La polémica estalló luego de que Diario de Antofagasta revelase tres convenios de casi $426 millones que fueron adjudicados a la fundación Democracia Viva para trabajar con campamentos en la región. Los contratos fueron suscritos por Conteras, entonces seremi de Antofagasta, y Andrade, representante legal de la fundación. El primero fue asesor de la diputada Pérez y el segundo fue su pareja.
En el marco del cónclave del oficialismo, el senador Latorre valoró "que nuestro órgano disciplinario (Tribunal Supremo) haya tomado el caso con la celeridad y la urgencia que lo amerita".
“En el caso de la diputada Catalina Pérez, se solicita como medida cautelar la suspensión de su militancia mientras se investiga el caso”, explicó.
Luego puntualizaó que “el Tribunal Supremo tiene que un periodo de evaluar la admisibilidad y luego toma su caso y puede resolver. Pero son momentos distintos”.
Sobre su cambio de discurso respecto a su apoyo en primera instancia a la parlamentaria, el timonel RD advirtió que “el caso es complejo, ha ido evolucionando, hay nuevos antecedentes que fueron surgiendo”.
El legislador frenteamplista recordó que "al inicio había una concepción que también se dijo desde el Gobierno, que acá en principio había una forma regular con el cual se viene operando con las fundaciones desde el año 2019, que es algo que hay que revisar a partir de todos los acontecimientos que hemos conocido, y se hablaba de un descriterio”.
“Pero al poco andar entra la arista penal, surgen nuevos antecedentes y nosotros decidimos colectivamente querellarnos”, complementó.
De esta manera, explicó que el proceso contra Pérez "fue una decisión colectiva en términos de su rol como diputada en su distrito, con su círculo cercano, con nuevos antecedentes que fueron surgiendo respecto de su responsabilidad a la hora de haber advertido respecto de las consecuencias de esta crisis".
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