¿La verdadera razón de por qué aún no renuncia Rabat al Ministerio de Justicia?
La eventual salida del secretario de Estado contrasta con la urgencia por cerrar 35 nombramientos de notarios y conservadores. ¿Corresponde que una autoridad que estaría de salida del Gobierno tenga en sus manos designaciones de semejante trascendencia?
Miércoles 4 de noviembre de 2026 07:38
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Fuentes cercanas a La Moneda sostienen que la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, sería inminente. Sin embargo, según esas mismas versiones, antes de abandonar el gabinete tendría una última tarea: dejar resueltos los nombramientos de los notarios y conservadores que reemplazarán a quienes cesaron en sus funciones en octubre de 2026 por haber cumplido 75 años o más.
No se trata de cargos judiciales. Son auxiliares de la administración de justicia cuyos oficios pueden generar ingresos extraordinarios. Para algunos de sus futuros titulares, el nombramiento podría equivaler a una auténtica jubilación en vida, sin necesidad de esperar a cumplir 65 años ni depender de una AFP.
La reforma modificó el sistema de selección. Las Cortes de Apelaciones dejaron de tener el protagonismo que históricamente ejercían en la formación de ternas, procedimiento asociado al conocido besamanos, donde los aspirantes recorrían despachos buscando los apoyos necesarios para integrar las nóminas.
Hoy el Servicio Civil interviene en la selección mediante concursos y evaluaciones técnicas, con la formación de nóminas de candidatos entre las cuales debe resolverse el nombramiento conforme al procedimiento legal. La participación del ministro de Justicia en esa etapa exige precisar las atribuciones que efectivamente le entrega la nueva normativa.
El cambio pretende terminar con las antiguas prácticas de influencia personal. Pero surge una pregunta inevitable: ¿Se terminó realmente el besamanos o simplemente cambió de domicilio?
Las versiones que circulan en el entorno de La Moneda agregan un antecedente todavía más delicado. Según esas fuentes, el Gobierno habría optado por concretar primero la salida del subsecretario Silva, postergando la de Rabat para darle tiempo a completar las designaciones pendientes.
La secuencia –de confirmarse– exigiría una explicación política. ¿Por qué mantener transitoriamente a un ministro cuya salida estaría decidida? ¿Qué urgencia existe por resolver estos nombramientos antes de su partida? ¿Quién estableció ese calendario y con qué criterios?
35 cargos de enorme atractivo económico no son precisamente un trámite menor de fin de gobierno. Tampoco parece razonable que decisiones destinadas a producir efectos durante décadas queden sometidas a un calendario condicionado por la permanencia de una autoridad.
El ministro Rabat ha enfrentado cuestionamientos por controversias relacionadas con beneficios penitenciarios para condenados por delitos sexuales contra menores. Su responsabilidad concreta en esas materias debe examinarse según sus competencias. Pero el Gobierno igualmente debe explicar por qué, si considera concluida su etapa ministerial, le encomendaría completar una renovación de esta magnitud.
La Moneda tiene una oportunidad sencilla de despejar las dudas: informar públicamente el estado de los concursos, las nóminas de candidatos, las autoridades que deben intervenir y el calendario previsto para los nombramientos.
Porque el problema no es que se designen nuevos notarios y conservadores. Eso corresponde hacerlo conforme a la ley. El problema sería que la permanencia de un ministro dependiera de alcanzar a repartir las últimas jubilaciones en vida antes de abandonar el Gobierno.
Y si las versiones sobre la salida diferida de Rabat son ciertas, la pregunta resulta inevitable: ¿Se está esperando que Fernando Rabat termine su trabajo como ministro de Justicia o que termine de nombrar a los próximos millonarios del sistema notarial chileno?
PURANOTICIA
