La UDI envió una carta al Presidente José Antonio Kast solicitándole que haga uso de una facultad constitucional para requerir ante la Corte Suprema la remoción del juez Daniel Urrutia.
Según informó La Tercera, la petición del partido gremialista se fundamenta en los viajes realizados por el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago mientras se encontraba con licencia médica.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, Urrutia viajó a Costa Rica en 2020 y a Ecuador en 2022. Sin embargo, recientemente la Corte de Apelaciones lo absolvió por estos hechos. Pese a ello, la bancada de diputados de la UDI decidió acudir al Mandatario invocando el artículo 80 de la Constitución.
Dicha norma establece que “la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes”.
En la misiva, la UDI argumenta que “si respecto de funcionarios públicos que cometieron la misma infracción se ha instruido (por parte de la Contraloría) el inicio de sumarios y una investigación penal en orden a sancionar efectivamente a aquellos que resulten responsables, no es posible que un juez de la República en circunstancias similares quede en una situación de impunidad por motivos de forma, sobre todo considerando que la judicatura debe obrar en todo momento con rectitud resguardando la integridad e imagen del Poder Judicial, lo que además se encuentra consagrado en la norma de mayor jerarquía”.
Asimismo, el escrito añade que “en mérito de lo expuesto, solicitamos que, en su calidad de Presidente de la República, tenga a bien evaluar la posibilidad de presentar -ante la Corte Suprema- un requerimiento de remoción en contra del juez Daniel Urrutia, por haber vulnerado gravemente el deber de mantener un buen comportamiento, todo ello en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 80 de la Carta Fundamental”.
El antecedente cobra especial relevancia luego de que, el pasado viernes 8 de mayo, Urrutia decretara la prisión preventiva del exdiputado gremialista Joaquín Lavín por los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias. Actualmente, el exparlamentario permanece recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
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