Juzgado de San Bernardo decreta prisión preventiva para 56 imputados por tráfico de armas 3D y asociación criminal
La medida cautelar afectó a la mayoría de la banda, que incluye a una carabinera y un militar, la cual coordinaba por Telegram y Whatsapp la fabricación y venta de armamento y explosivos mediante encomiendas a todo el país.
Viernes 7 de agosto de 2026 12:47
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El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 56 imputados, entre ellos una funcionaria de Carabineros y un integrante del Ejército, por su presunta participación en delitos de asociación criminal, tráfico de armas prohibidas, tráfico de municiones adaptadas, tráfico de explosivos y pirotecnia.
La resolución fue adoptada durante la audiencia de formalización, instancia en la que la magistrada Marylin Neira Mendoza también determinó otras medidas cautelares para los imputados restantes. En ese contexto, dos personas quedaron con arresto domiciliario total, mientras que un menor de edad quedó sujeto a arresto domiciliario parcial nocturno y a la sujeción al Servicio de Reinserción Social Juvenil.
Además, el tribunal estableció en 120 días el plazo de investigación para el desarrollo de las diligencias correspondientes.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, los imputados formarían parte de una asociación criminal dedicada al tráfico ilegal de armas, la cual habría operado desde al menos octubre de 2024.
Según la investigación, la organización utilizaba grupos privados de Telegram y WhatsApp como plataformas para coordinar la fabricación, comercialización y distribución clandestina de armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios y piezas elaboradas mediante impresión 3D.
La estructura contaba además con reglas internas, medidas de seguridad y roles definidos para sus integrantes, incluyendo personas encargadas de administrar grupos en redes sociales, fabricantes o armeros —entre ellos especialistas en impresión 3D—, además de comercializadores, facilitadores logísticos y encargados de aspectos financieros.
La Fiscalía sostiene que la organización concretó múltiples operaciones de venta, envío y distribución de armas y municiones entre 2025 y lo que va de 2026.
Parte de estas transacciones se habría realizado mediante encomiendas, las cuales fueron registradas y documentadas a través de diversas técnicas investigativas, entre ellas agentes encubiertos, agentes reveladores, vigilancias, seguimientos e interceptación de envíos.
Estas diligencias permitieron avanzar en la investigación y culminaron con allanamientos simultáneos en distintos domicilios ubicados prácticamente en todo el país.
PURANOTICIA
