La acción judicial busca sancionar las agresiones y negligencias sufridas por los pacientes de la residencia Santa Gabriela, recinto que recibió millonarios fondos de Senadis entre 2019 y 2023.
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La sede metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo por los malos tratos sufridos por 16 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la residencia Santa Gabriela en Paine.
Los antecedentes revelan que, en el periodo comprendido entre 2019 y 2023, este establecimiento se adjudicó más de 320 millones de pesos provenientes del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis). Dichos fondos estaban destinados al cuidado de los pacientes, quienes terminaron padeciendo diversas vulneraciones y ataques.
Respecto a los hechos denunciados, la jefa regional del INDH, Beatriz Contreras, detalló que la ofensiva legal se fundamenta en graves episodios de negligencia y violencia.
Al describir la situación de los afectados, la autoridad precisó: “Las víctimas son personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que, encontrándose bajo la custodia de particulares en ejercicio de funciones públicas, sufrieron violencia física, encadenamientos y una negligencia médica que puso en riesgo su integridad”.
Junto con lo anterior, la representante del organismo remarcó que este tipo de conductas configuran “actos de apremios ilegítimos y tratos crueles que vulneran la prohibición absoluta de la tortura”.
En cuanto a la responsabilidad estatal, Contreras hizo hincapié en el rol institucional frente a estos recintos. "el Estado tiene un deber reforzado de protección hacia quienes se encuentran bajo custodia. Es imperativo recordar que el Estado tiene una posición de garante reforzada respecto de las personas que se encuentran bajo custodia, cuya dignidad debe ser siempre respetada”, aseveró.
Bajo esa misma premisa, la jefa regional solicitó que durante el desarrollo del proceso judicial se implementen medidas de accesibilidad comunicacional y ajustes de procedimiento. El objetivo de estas exigencias es asegurar el correcto acceso a la justicia y prevenir cualquier forma de revictimización.
El tribunal ya declaró admisible la querella del INDH, la cual está dirigida contra todos aquellos que resulten responsables por el delito de apremios ilegítimos.
El documento legal expone además que el entorno de habitabilidad del recinto no cumplía en absoluto con los estándares básicos de derechos humanos. A esto se suma que los trabajadores del lugar no contaban con la preparación necesaria, falencias que fueron constatadas directamente por Senadis a través de sus fiscalizaciones.
Finalmente, el libelo recalca que los ataques afectaron a individuos con discapacidad que permanecían bajo el cuidado y custodia de entes privados. Estos últimos, según subraya el texto, ejercían funciones públicas al administrar una residencia que dependía directamente de Senadis.
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