A través de un decreto presupuestario, el Gobierno disminuyó los fondos de servicios esenciales como el ex Sename y la Conadi. La medida, calificada por la ANEF como un "ataque frontal" a los derechos sociales, pone en duda la continuidad de planes como el Programa de Apoyo al Recién Nacido.
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A través de una modificación presupuestaria que golpea a entidades fundamentales del sistema de protección estatal, se concretó una disminución de $32.721 millones en los fondos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La resolución, dada a conocer por La Tercera, se materializó mediante un decreto que el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, suscribió el pasado 24 de abril, impactando de lleno en las políticas enfocadas en los pueblos indígenas, la juventud y la infancia.
Las mermas financieras más significativas recaen sobre el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename). Esta entidad, que tiene como misión resguardar a menores con derechos vulnerados, perderá más de 12.748 millones de pesos. Le sigue la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que verá restados 7.634 millones de pesos, afectando especialmente el respaldo a las comunidades y los fondos de tierras.
El ajuste también alcanza a otras reparticiones de la cartera: el Instituto Nacional de la Juventud sufrirá una baja de 3.859 millones de pesos, mientras que a la Subsecretaría de la Niñez se le restarán 3.359 millones. Por su parte, el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Servicio Nacional del Adulto Mayor experimentarán recortes por 1.135 millones y 318 millones de pesos, respectivamente.
En paralelo, esta reestructuración de las arcas fiscales afecta a planes icónicos dirigidos a los sectores más vulnerables. Entre ellos destaca el Programa de Apoyo al Recién Nacido (conocido por la entrega del ajuar), el cual enfrentará una disminución de 1.850 millones de pesos, sumándose a otras iniciativas de desarrollo social y acompañamiento a las familias que también verán mermados sus recursos.
Difundido durante este martes, el documento oficial fue visado justo en la misma jornada en que estalló la polémica por una circular de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Dicho texto sugería reformular o “descontinuar” múltiples planes del Estado, lo que desató cuestionamientos transversales, provenientes tanto del oficialismo como de la oposición.
Frente a este escenario, la rebaja de fondos acrecienta las alertas respecto a un posible apretón fiscal aún mayor en el área social. Esto ocurre a pesar de que el Ejecutivo ha reiterado que las ayudas fundamentales no serán suprimidas. En este sentido, es importante recordar que el propio ministro Quiroz ha justificado el uso del término “descontinuar”, argumentando que se trata de una herramienta técnica destinada al rediseño de los programas.
La respuesta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ante el ajuste no se hizo esperar. Mediante una declaración oficial, el gremio criticó severamente la decisión, indicando que el decreto “recorta de forma inmediata la ejecución presupuestaria 2026 de servicios esenciales”.
Alertando sobre las consecuencias directas en planes sociales estratégicos y políticas de Estado, la organización sindical enfatizó: “Se trata de medidas que impactan gravemente el desarrollo de la Función Pública y la capacidad de nuestros servicios para cumplir su misión con la ciudadanía”.
Bajo esa misma perspectiva, la ANEF catalogó el Decreto N°331/2026 como “un ataque frontal a derechos sociales y obligaciones de protección prioritarias”. Además, recalcaron que estas reducciones perjudican de manera particular a las personas con discapacidad, a los pueblos originarios y a la infancia.
Por otro lado, el gremio expresó sus reparos respecto al mecanismo utilizado para materializar esta rebaja de recursos. Advirtiendo un posible escenario que podría tensionar las atribuciones del Congreso en materia presupuestaria, declararon que “eliminar por decreto financiamientos y líneas programáticas aprobadas por ley constituye, a lo menos, un grave motivo de prevención jurídica y política”.
Finalmente, los trabajadores fiscales asociaron esta disminución de fondos con la orientación fiscal del Ejecutivo. Según afirmaron, estas medidas van en sintonía con una agenda que reduce el gasto social, al mismo tiempo que impulsa cambios tributarios que terminarían beneficiando a los segmentos de mayores ingresos.
PURANOTICIA
