Las compensaciones para las empresas incluirían alargar los plazos de los contratos y nuevas medidas contra la evasión.
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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) está conversando con algunas empresas concesionarias de autopistas urbanas e interurbanas para definir los mecanismos para una futura reducción de los peajes, así como las fórmulas de compensación dentro de la flexibilidad de cada contrato, como puede ser la prolongación del plazo de operación de la ruta.
Las compañías del sector admiten la existencia de este diálogo con la autoridad gubernamental para definir los porcentajes de rebaja en los cobros del TAG, aunque evitaron entregar cifras exactas. Desde la vereda de los concesionarios reconocen el elevado impacto económico que las tarifas representan para los automovilistas, asumiendo que se requiere un “gesto” hacia la ciudadanía para aliviar sus bolsillos y, de paso, mejorar la percepción pública sobre el sistema de carreteras.
La última modificación orientada a reducir el costo de los peajes se registró durante el año 2019. En aquella oportunidad, las concesionarias y el MOP pactaron la eliminación de un factor adicional fijo del 3,5% que se utilizaba para el reajuste tarifario, determinando que las alzas se regirían únicamente por la variación del IPC acumulado en un período de 12 meses.
Tras participar en un congreso organizado por la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), el titular del Ministerio de Obras Públicas, Martín Arrau, detalló el estado de las negociaciones. “Los contratos de concesiones son muy flexibles y permiten modificación de plazos, incorporación de servicios, de obras y también, como se hizo en el gobierno del Presidente Piñera, modificar los esquemas tarifarios. Hoy estamos conversando con múltiples empresas para ver mejoras en servicios de seguridad, abordando el tema de la incobrabilidad, que va aumentando, y, por supuesto, también la sustentabilidad tarifaria”.
La autoridad puntualizó que, en una etapa inicial, los progresos se están dando con las autopistas urbanas y en aquellos acuerdos “donde hay espacios desde el punto de vista técnico”. El jefe de la cartera explicó que la revisión de la factibilidad tarifaria requiere tiempo debido a que cada concesión posee cláusulas distintas. Además, confirmó haber dialogado con parlamentarios que siguen de cerca la materia, a quienes les prometió mantenerlos al tanto de los avances.
Pese a que las propias empresas confirman las tratativas con el MOP, la presidenta de Copsa, Gloria Hutt, aclaró que la asociación gremial no ha sido invitada a participar de estas mesas de trabajo. La exministra de Transportes argumentó esta situación señalando: “El ministro y personas del ministerio han dejado en claro que una conversación de ese tipo tiene que ser necesariamente ‘uno a uno', porque hay diferencias en los contratos y en las estructuras de financiamiento. Hay fondos de pensiones internacionales que invierten en Chile y no se puede cambiar una variable tan clave como la tarifa, sin consultarles a ellos como inversionistas”.
Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, consideró factible analizar el peso que tienen sobre los conductores las tarifas viales, las cuales se encuentran indexadas al IPC. “Los contratos de concesiones tienen los mecanismos para hacer ajustes en todas las materias. Hace unos años, cuando estaba el ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno, se hizo un ajuste. Es una modificación del contrato y tiene que estar de acuerdo la otra parte, pero se puede hacer. Los mecanismos son muchas veces una extensión del plazo del contrato para compensar ese menor ingreso que tendría el concesionario”, expuso el dirigente gremial.
Junto a las eventuales compensaciones por la reducción de tarifas —como alargar la vigencia en rutas a las que les restan pocos años de operación—, se implementarían acciones para garantizar la seguridad en los cobros. Fuentes de la industria indicaron que el “paquete” evaluado por el MOP contemplaría estrategias para frenar la evasión en los pórticos, una infracción que ha experimentado un alza tanto en motocicletas como en automóviles particulares y camiones de carga.
Al ser consultado sobre estas estrategias de fiscalización, Arrau argumentó: “Estamos trabajando en algunas modificaciones, ya que tanto la concesionaria tiene que cumplir lo que está en los contratos, pero también los usuarios, y ahí hemos visto que la incobrabilidad o la evasión ha ido aumentando. Eso va desde acciones de mayor persecución por parte de las fuerzas de orden y seguridad, como también algunos cambios normativos que estamos elaborando y conversando”.
Respecto a las estadísticas de conductores que eluden el cobro, el titular del MOP entregó un crudo diagnóstico. “Esto partió hace muchos años con una estimación de cerca de 1% y hoy tenemos contratos que están sobre el 18%, los que están con niveles de evasión e incobrabilidad más altos”, reveló la autoridad.
En esta misma línea, Gloria Hutt aseguró que ya le han transmitido al Ministerio de Obras Públicas su inquietud por el alza en los impagos, con especial énfasis en las carreteras que operan con el sistema de flujo libre. La líder gremial hizo hincapié en que, a diferencia de lo que ocurre en otras áreas de servicios, las autopistas carecen de herramientas legales para cortar el suministro a los usuarios morosos.
Para cerrar su análisis sobre esta problemática, Hutt advirtió sobre un fenómeno específico en el transporte pesado: “Estamos viendo aumentos grandes de fraude en vehículos de carga. Creo que hay mecanismos que se pueden realizar a través de conversaciones con los generadores de carga, porque el transportista cobra ese precio”.
PURANOTICIA
