El subsecretario Osvaldo Urrutia defendió la decisión por razones técnicas y de viabilidad, mientras la oposición acusó un retroceso en un debate con amplio consenso. El Ejecutivo impulsará proyectos específicos para modernizar el sector.
Para detallar los motivos detrás de la cancelación del trámite de la nueva ley de pesca, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados recibió al subsecretario del ramo, Osvaldo Urrutia. Durante la instancia parlamentaria, la autoridad no solo justificó la medida, sino que también expuso la hoja de ruta legislativa que impulsará el Ejecutivo.
El representante del Gobierno hizo hincapié en que poseen la facultad constitucional para el retiro de la iniciativa, fundamentando la decisión en una mezcla de razones técnicas y políticas, junto con argumentos pragmáticos. En esa línea, manifestó que están en contra de un proyecto refundacional que reemplace íntegramente una ley.
Sustituir un marco regulatorio sectorial compuesto por aproximadamente 350 artículos es un proceso que demora muchos años en aprobarse, estimó la autoridad. Frente a este escenario, adelantó que presentarán proyectos específicos en las áreas donde hay necesidades reales.
Adicionalmente, el subsecretario confirmó que actualmente están implementando la ley de fraccionamiento, normativa que, según aseguró, no tendrá modificaciones.
Desde el oficialismo, la determinación fue catalogada como legítima. El diputado Sergio Bobadilla (UDI) indicó que la iniciativa no contribuía a ser una herramienta eficaz para el desarrollo que la actividad requiere. Esta opinión fue compartida por el legislador Diego Vergara (Rep.), quien recordó que la pesca es la segunda actividad económica más importante del país.
Una visión diametralmente opuesta expresaron las diputadas Nathalie Castillo (PC) y Carolina Tello (FA). Las parlamentarias acusaron que con esta acción se borra con el codo todo lo avanzado en un debate democrático, el cual contó con la participación de los involucrados de todos los sectores.
Además, indicaron que la tramitación de aproximadamente dos años del proyecto del expresidente Boric, contaba con la aprobación unánime y transversal del 60% de las normas. Este nivel de consenso también fue destacado por el expresidente de la comisión, diputado Jorge Brito (FA).
Al respecto, el subsecretario Urrutia indicó que existe un derecho legítimo a opinar distinto. Acotó que las iniciativas que trabajarán las sensibilizarán con todos los sectores antes de llegar al Congreso.
En cuanto a prioridades legislativas, anunció que se modernizará la institucionalidad del sector pesquero, abordando la ciencia, la fiscalización y el control. Además, se imprimirá un enfoque sistémico que ayude a solucionar la sobreexplotación y el colapso de las pesquerías.
Por otra parte, se mejorará la situación social de los pescadores artesanales, que se conocía como plataforma social, pero, ahora, con financiamiento. Esto se realizará en un trabajo mancomunado con otras carteras, como Trabajo, Desarrollo Social y Hacienda. Paralelamente, se realizarán mejoras a la regulación acuícola y se modificará la Ley Lafkenche, para apoyar la tramitología.
Respecto a esta última, la autoridad mencionó que tenía una buena intención, pero que ha sido mal aplicada e interpretada, lo que tuvo consecuencias en la paralización de la inversión. Por ello, buscarán mejorar la propuesta que la modifica y que se encuentra en trámite en el Senado.
En una próxima sesión, se espera conocer los beneficios para los pescadores artesanales que se impulsarán por el alza en el precio de los combustibles. Para lo cual, se espera la presencia del ministro de Economía y del subsecretario de Pesca.
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