El Ejecutivo emitió un comunicado donde explicaron que los pagos a funcionarios de la OPE "se realizaron en el marco del programa de cambio de mando, gastos que se han realizado en todos los cambios de mando recientes".
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El Gobierno se refirió a la fiscalización de Contraloría y negó el uso de recursos públicos en pagos de funcionamiento de la Oficina del Presidente Electo (OPE).
Funcionarios del ente fiscalizador llegaron hasta La Moneda para revisar gastos asociados a la OPE entre los meses de enero a marzo de 2026, esto luego que se conociera que 11 integrantes habrían recibido pagos desde el Ejecutivo.
Mediante una declaración pública oficial, desde el Palacio de Gobierno fueron categóricos en sostener que "no hay gastos públicos asociados a la Oficina del Presidente Electo".
En la misma línea, las autoridades detallaron el origen de las transferencias dirigidas a los trabajadores de la OPE, argumentando que estas "se realizaron en el marco del programa de cambio de mando, gastos que se han realizado en todos los cambios de mando recientes".
Para contextualizar la situación, el documento emitido por el Ejecutivo precisó las cifras de personal involucrado en traspasos de poder previos y futuros. “En 2022, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 19, incluyendo a las ex ministras Izkia Siches y Antonia Orellana, quienes desempeñaron funciones durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022. En el 2026, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 11”, puntualizaron desde la sede de Gobierno.
Como cierre de su pronunciamiento, el Ejecutivo garantizó su total disposición ante el ente contralor, asegurando que "la Dirección Administrativa de la Presidencia colaborará con la Contraloría General de la República para proveer de los medios de información necesarios para el buen resultado de este cometido".
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