El Ejecutivo busca modificar el Código Penal para establecer agravantes por delitos en colegios y condicionar el acceso a la gratuidad universitaria a quienes cometan actos violentos.
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El Presidente de la República, José Antonio Kast, ingresará oficialmente un proyecto de ley que tiene como objetivo central combatir la crisis de seguridad en los establecimientos educacionales. La iniciativa legal propone una modificación al Código Penal para instaurar una nueva agravante para aquellos ilícitos que se perpetren dentro de recintos formativos, buscando frenar la escalada de violencia escolar.
El documento, según El Mercurio, será tramitado inicialmente a través de la Cámara de Diputados y se estructura bajo cinco pilares fundamentales. El primero de ellos se enfoca en la facultad de inspección de pertenencias, estableciendo que la revisión de mochilas “consiste en la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales de los estudiantes y profesores. Esta medida debe ser incorporada al reglamento interno del establecimiento educativo”.
Bajo esta premisa, los sostenedores de los colegios contarán con el respaldo legal para aplicar las acciones que estimen convenientes para impedir que se introduzcan, porten o utilicen objetos destinados a atacar a terceros, causar destrozos en la infraestructura o que representen un riesgo potencial para cualquier integrante de la comunidad educativa.
Como segundo eje, la propuesta gubernamental apunta al fortalecimiento de la autoridad docente. Se busca contar con “docentes empoderados” que posean la atribución “de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa, el orden en la sala de clases y la adecuada convivencia escolar”. Estas disposiciones pretenden fomentar la responsabilidad del alumnado y el respeto a las normas de convivencia, teniendo un carácter obligatorio e inmediato.
En tercer lugar, el proyecto tipifica sanciones por la interrupción de la jornada académica. Según el texto, “se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar aquellos actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan como consecuencia la paralización total o parcial de las clases, o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada escolar, afectando la continuidad del servicio educativo”. Esta medida alude directamente a incidentes como las denominadas “salidas incendiarias” protagonizadas por sujetos con overoles blancos en liceos emblemáticos.
El cuarto punto retoma una controversia previa con la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), al proponer la inhabilidad para recibir el beneficio de la gratuidad en educación superior a quienes incurran en actos violentos. La normativa estipula que un requisito esencial para el financiamiento estatal será el “no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública”, extendiendo esta exigencia más allá del entorno escolar.
Finalmente, el quinto apartado establece la obligatoriedad de mantener el rostro descubierto. Los reglamentos de cada centro educativo deberán incluir “la prohibición del uso de accesorios tales como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro que impida la identificación facial, y que no responda a una necesidad de salud, climática u otra debidamente justificada, tanto al interior del establecimiento como fuera de él durante el desarrollo de actividades programáticas o extraprogramáticas”.
Complementariamente, se prohibirá expresamente “el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley”. Esto implicará la restricción de lienzos anarquistas y prendas que contengan iconografía relacionada al consumo de estupefacientes, como imágenes de hojas de marihuana en polerones o gorros.
PURANOTICIA
