"Estafó a comités de vivienda, jugando con sueño de cientos de personas", indicó un molesto diputado Andrés Celis, quien se preguntó si "¿el Gobierno avala a delincuentes?".
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Con molestia reaccionó el diputado por la zona costera de la región de Valparaíso (Distrito 7), Andrés Celis Montt (RN), a la publicación de una fotografía en la que se ve a un miembro del movimiento Ukamau en compañía de la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro.
El enojo del parlamentario de Renovación Nacional radica en que Aland Castro Núñez, coordinador nacional de Ukamau, fue condenado el año 2017 por el Tribunal de Los Andes a 61 días de presidio menor por el delito de apropiación indebida, por hechos que ocurrieron entre los años 2006 y 2012.
En la fotografía subida a redes sociales, donde se ve a Castro y Toro abrazados y sonrientes, el dirigente de Ukamau manifiesta: "Hoy en el encuentro de Unidxs, del (Partido) Comunes, me encontré con amiga y compañera, Javiera Toro, que está liderando el Ministerio de Bienes Nacionales".
A ello agregó que "desde ahí está bregando por construir un Chile más justo y para todos. Me llena de orgullo la valentía de la Javy para decir lo correcto".
Tras conocer la publicación, el diputado Andrés Celis también expuso su opinión en las redes sociales: "Impresentable que ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, se fotografíe y comparta con condenado por apropiación indebida, Aland Castro, de Ukamau, que estafó a comités de vivienda, jugando con sueño de cientos de personas".
El Diputado de Chile Vamos cerró su mensaje preguntando: "¿El Gobierno avala a delincuentes?", a lo que agregó: "Un nuevo ejemplo de aquello".
Cabe señalar que Aland Castro fue condenado por el Tribunal de Los Andes por utilizar su cargo como administrador de la Egis “Pangal” para realizar cobros indebidos a los miembros del comité de vivienda «Ojos de Agua» y «Ojos del Inca», recaudando más de $14 millones en su cuenta bancaria con la excusa de "cubrir gastos operacionales".
Frente a este hecho, desde Ukamau explicaron que "durante los meses de noviembre y diciembre del año 2019, nuestra organización creó una comisión que se encargó de investigar los antecedentes del caso y que corroboró las irregularidades y errores que tuvo este procedimiento del Ministerio Publico, que condujeron a una acusación infundada".
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