Fiscal Nacional plantea que la persecución del crimen organizado debe realizarse dentro del marco de la ley y "no a cualquier precio"

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, valoró el paquete de reformas impulsado por el Gobierno para fortalecer la persecución de la delincuencia organizada, asegurando que recoge varios planteamientos realizados previamente por el Ministerio Público.

"Lo que nosotros valoramos fue la iniciativa de un paquete de reformas que, en general, recoge muchos planteamientos que el Ministerio Público ha hecho. Sería autocontradictorio que hubiéramos hecho un conjunto de propuestas en los últimos años -como, por ejemplo, modificar el régimen penitenciario- y cuando el Ejecutivo ingresa un paquete de leyes para efectivamente implementar o introducir esas propuestas que hemos planteado a nuestro sistema dijéramos que no es buena idea", aseguró en entrevista con Radio Cooperativa.

Sin embargo, advirtió que la persecución del crimen organizado debe realizarse dentro del marco institucional. "El Estado chileno tiene el deber de ser eficaz en la persecución de la delincuencia organizada, pero ese deber no se cumple a cualquier costo, a cualquier precio; se cumple dentro del marco de la ley, de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos".

"La lucha contra la delincuencia organizada es una lucha también en defensa de la democracia y la libertad, porque lo que estamos haciendo es mostrándole a la ciudadanía de que la democracia es el camino y no el problema", aseguró

Según Valencia, “nadie puede caer en la idea de que todas las leyes chilenas están en el borde de nuestra Constitución y en la frontera del tratado internacional en materia de derechos humanos. Podemos hacer más”.

“Los tratados internacionales y la Constitución establecen ciertos límites; constituye un error creer que la ley está en esa frontera, pues tiene un espacio claro para avanzar", aseguró.

Añadió que “como Fiscal Nacional no podría decir que la vía de reformar la Constitución no pueda ser útil para, por ejemplo, que podamos realizar mejor nuestro trabajo. Lo importante es que sea una decisión política y nosotros ahí podemos proponer, pero no disponer".

Sobre los cambios planteados por el Gobierno y en específico las escuchas telefónicas señaló que “de lo que podía apreciar de la reforma a través del texto que se ha dado a conocer (...), no he conseguido entender cuál es el propósito de esas interceptaciones porque aparentemente no se están modificando las atribuciones del Ministerio Público en la dirección de investigaciones penales (...) Entiendo, entonces, que esas interceptaciones telefónicas no estarían dirigidas a obtener información para que sea útil para una causa penal”.

“Entonces, no entiendo qué información, con qué propósito, quién la solicitaría y por qué se estaría evitando el control judicial si hoy día no tenemos dificultades en ese control", aseguró.

“En materia penitenciaria, aportaría una norma expresa que estableciera la posibilidad de la existencia de regímenes penitenciarios diferenciados. Contribuiría a evitarnos muchas discusiones innecesarias en tribunales respecto a traslados de líderes del crimen organizado”, finalizó.

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