El fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Felipe Sepúlveda, reveló que el ilícito “no surgió de manera gradual, sino que se inició de forma temprana".
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El fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Felipe Sepúlveda comentó en profundidad la sentencia que condenó a 17 años de cárcel al exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, por malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público.
El persecutor reveló en entrevista con radio Pauta que el ilícito “no surgió de manera gradual, sino que se inició de forma temprana. Prácticamente desde que comenzó a ejercer como director empezó a recibir estas sumas de dinero”.
“La cuenta utilizada para los depósitos fue abierta casi simultáneamente con su llegada al cargo, lo que permitió identificar una correlación directa entre el inicio de su gestión y la sustracción de fondos reservados”, agregó.
Sepúlveda contó que “el caso no se originó por mecanismos internos de control, sino por una alerta bancaria”. Según explicó, “el sistema funcionó bien porque un banco detectó movimientos inusuales en efectivo, lo que activó los protocolos de reporte por posible lavado de activos”.
Este aviso “permitió rastrear depósitos reiterados hechos por el asistente de Espinosa, Eduardo Villablanca, quien, según la investigación, trasladaba dinero desde los gastos reservados hacia cuentas personales del exdirector y de su cónyuge”, contó.
El fiscal enfatizó que el régimen de gastos reservados favorece la opacidad. “Al no requerir rendiciones detalladas, los fondos quedan bajo manejo directo del director de la institución. Esa falta de controles facilitó que Espinosa operara con la expectativa de no ser descubierto”.
A ello se sumó la participación negligente de su cónyuge, condenada por lavado de dinero culposo al utilizar recursos cuyo origen nunca verificó.
Aunque el caso incluía más de 90 testigos, el fiscal explicó que “la trazabilidad de los movimientos financieros y las inconsistencias en las rendiciones institucionales bastaron para acreditar los delitos”.
A su juicio, el fallo del tribunal fue “contundente”, y aunque la defensa presentará un recurso de nulidad, la sentencia cuenta -dijo- con fundamentos sólidos que deberían permitir su mantención.
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