El ex superior del emblemático recinto educacional de la capital ejerció dicho cargo desde 2018 hasta octubre pasado, cuando se le pidió la renuncia, hecho que, según su defensor, Christopher Gotschlich, técnicamente no debió haber ocurrido.
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El ex rector del Liceo de aplicación, Humberto Garrido, demandó a la Municipalidad de Santiago y pidió su reincorporación a sus funciones.
El ex superior del emblemático recinto educacional de la capital ejerció dicho cargo desde 2018 hasta octubre pasado, cuando se le pidió la renuncia, hecho que, según su defensor, Christopher Gotschlich, técnicamente no debió haber ocurrido.
El abogado informó a El Mercurio que “según el estatuto docente, quien puede revisar el convenio de desempeño y solicitarle la renuncia es el jefe de educación o el director de educación, y ese cargo no está asignado (…). Técnicamente en Santiago nadie lo podría hacer ahora”.
Sin embargo, más allá de las razones técnicas, Garrido aseguró que fue sacado de su cargo por razones políticas, al aplicar la ley de Aula Segura en contra de estudiantes que protagonizaron protestas, hecho que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, criticó.
“Creo que me sacaron por razones políticas, porque nosotros cuando fuimos electos nos encontramos con colegios muy violentos, y cuando apareció la ley Aula Segura -diciembre de 2019-, la actual alcaldesa, que en ese momento era concejala, era una detractora total de esa ley”, declaró el exrector a El Líbero.
La Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago explicó en un escrito que la solicitud de renuncia “ocurre tras la evaluación a su convenio de desempeño (para el año de gestión 2021), en un proceso realizado con y para todos y todas los directores y directoras de la comuna que hayan sido seleccionados por los mecanismos establecidos en la Ley N° 20.501 (Estatuto Docente)”.
“Esto es un proceso regular de la administración educacional y la ley faculta al sostenedor a solicitar anticipadamente la renuncia en base a la evaluación del convenio de desempeño, el cual, en este caso, fue suscrito entre las partes en 2018. De hecho, no es el primer caso en la comuna”, agregó.
El municipio manifestó que “si existen acciones judiciales, ellas tendrán que analizarse en su mérito y responderse por los canales correspondientes”.
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