Tras la presentación, el libelo se discutirá entre lunes y martes en la sala, posteriormente se formará la comisión revisora y la votación podría efectuarse en la segunda semana de julio.
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A las 13:00 horas de este lunes será ingresada en la Secretaría de la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, cuarto libelo presentado por la oposición en contra de un secretario de Estado del actual Gobierno del presidente Gabriel Boric.
Esta vez, la acusación es impulsada por las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, del partido Social Cristiano. Tras la presentación, el libelo se discutirá entre lunes y martes en la sala, posteriormente se formará la comisión revisora y la votación podría efectuarse en la segunda semana de julio.
En concreto, son siete capítulos los que conforman esta acusación, la cual alude a una "profunda crisis educativa, pese a reforma de 2016. Paradojalmente, esta ocurre antecedida de un proceso de reforma que se inicia en 2016 y que buscaba precisamente lo contrario: mejorar el sistema educativo".
También expresa que "esta reforma, inspirada en los ideales del actual oficialismo, incluyó el fin al lucro, la 'gratuidad universal' en todos los niveles formativos, la 'desmunicipalización' y el fin de la selección, entre otros. ¿Cuál ha sido el resultado de todo ese camino? Hoy pocos podrían afirmar que el proceso no solo no rindió frutos, sino que vino a empeorar el sistema educativo".
Asimismo, precisa que desde marzo del año pasado, "todos estos problemas no han hecho más que profundizarse y pese a que muchos de ellos poseen explicaciones de mayor complejidad, la diligencia que ha podido verse en el Ministro de Educación para abordar estos asuntos y reaccionar ante la crisis es deficitaria".
De acuerdo a lo señalado en el documento, "se ha normalizado la violencia en distintos establecimientos educativos, principalmente aquellos emblemáticos de Santiago, los que, si hasta hace poco eran un mecanismo de movilidad social, hoy están convertidos en focos de incivilidad y degradación".
"Se conocen asimismo las enormes repercusiones que el cierre de los establecimientos educativos ocasionó. Y aquí no puede pasarse por alto que los principales impulsores de dichas acciones fueron parlamentarios y lideres que hoy gobiernan, formulando incluso una acusación constitucional contra el exministro de Educación Raúl Figueroa. Como resultado de aquello, la OCDE acreditó que fue Chile el país que mayor tiempo tuvo sus establecimientos cerrados con 259 días perdidos", asegura.
En cuanto a los resultados del Simce, afirma que "reflejan cómo en algunas materias del proceso educativo, nuestro país ha retrocedido en promedio 10 años, existiendo niños de 4° básico que aún son analfabetos, una generalidad de estudiantes de 2° medio que no tienen capacidad de comprensión lectora y una extendida incapacidad para enfrentar problemas matemáticos".
"A esto se suma un también extenso ausentismo y deserción escolar que explica cómo en la Prueba de Acceso a la Educación Superior solo tres establecimientos públicos figuran entre los 100 con mejores resultados", añade el texto.
Por otra parte, el documento señala que "se ve que el ministro impulsa una agenda sectorial en el ámbito de la sexualidad que desvía el foco, que desconoce la diversidad de proyectos educativos –bajo una premisa de 'alfabetización ensexualidad' , más que diversidad en sexualidad–, y, de paso, contraviene el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos".
"Por ello, ante la inacción del ministro para reaccionar ante esta crisis en el sistema educativo, y constatándose actuaciones que constituyen, en primer lugar, una infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, consagrado en el numeral 10 del artículo 19 de la Constitución, y, asimismo, infracciones a otros cuerpos normativos de rango legal, es que se formula una acusación constitución contra el señor Marco Antonio Ávila", aclara, añadiendo que se fundamenta "en su total falta de diligencia que evidencian estos hechos".
"Es preciso insistir que lo que fundamenta la acusación constitucional es la gestión educativa del ministro. Nada tiene que ver esta herramienta con su orientación sexual, que no empecé en nada al líbelo que nos convoca, pues pertenece a su esfera privada", concluye.
CAPÍTULO I: Infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las "Jornadas de Educación No Sexista".
CAPÍTULO II: Infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las "Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile".
CAPÍTULO III: Infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la “Política de Educación Inclusiva” del Ministerio de Educación.
CAPÍTULO IV: Infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo.
CAPÍTULO V: Incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión del inserto de información sobre "educación no sexista" en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público.
CAPÍTULO VI: Incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión de los programas "de Alimentación Escolar" y "de Alimentación Parvularia".
CAPÍTULO VII: Incumplimiento de la ley en lo referente al Sistema de Educación Pública, con ocasión de graves negligencias e inejecuciones en implementación de los Servicios Locales de Educación.
PURANOTICIA
