Los firmantes del texto tuvieron a la vista recientes causas penales de alta cobertura mediática como los casos Hermosilla y Monsalve.
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La comisión de Constitución del Senado iniciará este lunes la tramitación del proyecto antifiltración de causas judiciales que busca “fortalecer la protección de antecedentes en procesos penales y tipificar su divulgación indebida”.
Según consignó El Mercurio, la iniciativa es de autoría de los cinco integrantes de la comisión de Constitución, su presidenta Paulina Núñez (RN), Alfonso de Urresti (PS), Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).
Los firmantes del texto tuvieron a la vista recientes causas penales de alta cobertura mediática como los casos Hermosilla y Monsalve, o la filtración de chats entre la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler y la diputada Karol Cariola en el marco de la investigación del caso Sierra Bella.
En concreto, se platea crear un nuevo tipo penal orientado a sancionar de manera explícita la conducta de cualquier interviniente o tercero que divulgue información del proceso, así como “su instrumentalización para fines particulares”.
Además, el proyecto fija un tipo penal específico para castigar las filtraciones de quienes participen del proceso penal, y de cualquier otro funcionario público.
El debate podría dividirse entre la protección de datos y la libertad de expresión, esto al ser considerada parte de su redacción ambigua por analista que estiman que podría interpretarse el precepto descrito, llegando incluso a castigar a periodistas que difundan material filtrado con presidio menor en su grado medio o máximo, o una multa de entre 50 a 500 UTM.
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