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Escándalo en el sector público: 20 mil funcionarios bajo investigación por mal uso de licencias

Escándalo en el sector público: 20 mil funcionarios bajo investigación por mal uso de licencias

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La Dipres informó que 28.028 funcionarios están involucrados en investigaciones por mal uso de licencias médicas, con un impacto financiero superior a los $36 mil millones.

Escándalo en el sector público: 20 mil funcionarios bajo investigación por mal uso de licencias
Sábado 29 de noviembre de 2025 18:27
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La Dirección de Presupuestos (Dipres) entregó el sexto balance sobre los sumarios administrativos instruidos por el Ministerio de Hacienda debido al mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, correspondiente a hechos detectados entre 2023 y 2024. Los casos incluyen viajes al extranjero y otros incumplimientos de reposo.

El informe responde a las observaciones de la Contraloría General de la República y detalla que, hasta el 15 de octubre, se identificaron 28.028 funcionarios del nivel Central vinculados a posibles irregularidades. De ellos, 23.140 continúan activos en sus servicios, mientras que 4.888 ya no pertenecen a ellos, aunque 2.670 de este grupo aún tienen sumarios en desarrollo.

La naturaleza de los casos es diversa: 35% corresponde a salidas del país, 1% a atenciones de parto, 5% a emisores investigados penalmente, 6% a salidas vinculadas a Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, 23% a asistencia a casinos y 30% a salidas del país en servicios regionales.

En cuanto al avance de los procedimientos, el balance indica que se han instruido 22.954 sumarios, de los cuales 20.794 permanecen activos. Solo 2.160 cuentan con alguna resolución y 562 se encuentran cerrados con resolución ejecutoriada. La duración promedio de las licencias involucradas es de 21,9 días.

El impacto financiero estimado asciende a $36.008 millones en remuneraciones pagadas durante los períodos de ausencia.

Con la publicación de este nuevo balance, Hacienda y la Dipres buscan reforzar la transparencia en los procesos disciplinarios y garantizar la correcta administración de los recursos públicos, asegurando que las investigaciones cumplan con el debido proceso y avancen hacia responsabilidades claras.

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