La administración actual frenó la tramitación del Decreto N° 10 del Ministerio del Trabajo, una iniciativa del gobierno previo que buscaba perfeccionar las indagatorias por acoso laboral.
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El Decreto N° 10 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, una propuesta impulsada por la administración anterior para ajustar el reglamento de investigaciones sobre acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo bajo el marco de la Ley Karin, fue retirado de la Contraloría General de la República por el actual Gobierno.
La determinación fue duramente criticada por la diputada Ana María Gazmuri mediante su cuenta en la red social X. La parlamentaria manifestó: “El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable”.
Desde el equipo de gobierno saliente argumentaron que las modificaciones planteadas eran el resultado de una evaluación tras el primer año de puesta en marcha de la normativa. Según explicaron, dicho análisis detectó una elevada cantidad de denuncias que habría generado una fuerte presión sobre los protocolos de resolución existentes.
Bajo esa premisa, indicaron que los cambios buscaban agilizar los procedimientos y blindar garantías básicas. Ximena Valencia, ex jefa de asesores del Ministerio del Trabajo, señaló a Diario La Tercera que “el objetivo era resguardar los principios de la ley, especialmente la perspectiva de género y la no revictimización”.
Adicionalmente, puntualizaron que la iniciativa no se incluyó en las actas de traspaso de mando debido a que, al estar todavía en etapa de tramitación, no se consideraba un acto administrativo concluido.
Pese a estas explicaciones, el retiro del documento generó preocupación en los antiguos colaboradores de la cartera, quienes advirtieron sobre los peligros de eventuales reformas. Según plantearon, el riesgo principal es que “eventuales modificaciones debiliten los principios de la ley, como el debido proceso, la perspectiva de género y la protección de las personas denunciantes. Cualquier ajuste debe hacerse resguardando esos estándares”.
En contraparte, desde el Ejecutivo actual defendieron la medida y descartaron que la decisión represente un menoscabo en la seguridad de los trabajadores. El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, fue tajante al abordar la controversia.
“Aquí hay que ser claros: la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación. Lo que estamos haciendo es revisar un decreto ingresado en los últimos días del Gobierno anterior, para asegurar un nuevo reglamento cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas”, declaró Rosende al mismo diario.
La autoridad ministerial complementó que la revisión se está efectuando de forma participativa: “Este proceso lo estamos llevando adelante recogiendo la experiencia y el análisis de distintos actores, tanto del mundo de los trabajadores como de los empleadores y de otras organizaciones relevantes”.
Finalmente, el Gobierno reafirmó su compromiso de avanzar hacia una nueva propuesta que optimice la aplicación de la normativa, asegurando que esta “respete y promueva de manera efectiva el espíritu de la Ley Karin, fortaleciendo la protección de las personas y asegurando una correcta implementación de la normativa”.
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