Durante 2025 se registraron en promedio 43 delitos, faltas o infracciones vinculados a violencia escolar

Las comisiones de Educación y Constitución de la Cámara de Diputados iniciaron la discusión por los dos proyectos presentados por el Gobierno para enfrentar el incremento de la violencia en los establecimientos educacionales.

Al inicio de la sesión en la instancia correspondiente a su cartera, la ministra María Paz Arzola entregó un crudo diagnóstico. La secretaria de Estado aseguró que en la actualidad “el derecho a la educación está gravemente amenazado por la inseguridad y por la ocurrencia de hechos no solo violentos, sino que abiertamente delitos en el espacio escolar”.

Posteriormente, la autoridad gubernamental detalló los alcances del plan denominado “Escuelas protegidas”, una estrategia que considera diversas medidas legislativas orientadas a abordar temas complejos en la convivencia escolar.

Los datos revelados durante la exposición mostraron que en 2025 existieron diariamente, en promedio, 43 delitos, faltas o infracciones vinculados a violencia escolar. Al desglosar esta estadística, se precisó que 31 de estos casos correspondieron a delitos contra la integridad de las personas, cinco a delitos asociados a drogas y 4,5 a delitos vinculados al porte de armas.

En primer lugar, el proyecto introduce cambios a la Ley general de Educación, junto a otros cuerpos legales, para adoptar medidas que enfrenten la violencia escolar a partir de las siguientes acciones:

• Evitar que los alumnos ingresen, usen, porten o posean elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros, dañar la infraestructura escolar o que podrían ser potencialmente peligrosos para los miembros de la comunidad educativa. Esto se logrará a partir de la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales de los estudiantes.
• Modificar el Código Procesal Penal, lo que faculta a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para efectuar la revisión de vestimentas y/o efectos personales de los estudiantes, con pleno respeto a sus derechos fundamentales.
• Establecer que las denuncias de convivencia se deberán realizar tras agotar todas las instancias de gestión colaborativa.
• Evitar la interrupción violenta de clases. Esto incluye prohibir el uso de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial. Asimismo, se busca incorporar como causal de afectación grave a la convivencia escolar aquellos actos que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de clases o altere la jornada escolar.
• Incorporar como requisito para obtener la gratuidad en la educación superior, no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.

AGRAVANTES DE DELITOS

El segundo proyecto, radicado en la Comisión de Constitución, aborda el régimen penal aplicable a los delitos cometidos dentro de un establecimiento escolar o en lugares donde se desarrollen actividades curriculares o extracurriculares, y que afecten a miembros de la comunidad educativa.

Al respecto, el texto dispone la incorporación como agravantes el cometer ciertos delitos en contra de integrantes de las comunidades educativas y cometer estas conductas dentro de los establecimientos.

En la instancia, tras la presentación realizada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, las y los legisladores plantearon la necesidad de revisar si estas figuras agravadas se pueden también considerar en otras áreas, como los centros de salud.

Pero, igualmente, los parlamentarios criticaron que no queda claro cómo se interrelaciona esta propuesta normativa con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Para avanzar en la discusión, ambas instancias acordaron recibir opiniones de expertos, así como de representantes de las áreas afectadas.

PURANOTICIA