Los parlamentarios Ximena Ossandón, Sofía Cid, Andrés Longton y Hugo Rey enviaron un escrito, donde piden “verificar si se cumplieron tanto los requisitos que permiten acceder a estas pensiones, como los supuestos y actuaciones administrativas previstos en la ley para su otorgamiento”.
Diputados y diputadas de Renovación Nacional presentaron un requerimiento ante el contralor general, Jorge Bermúdez, para solicitar una auditoría a la totalidad de pensiones de gracia que fueron otorgadas a víctimas de vulneraciones a Derechos Humanos en el marco del estallido social.
En concreto, los parlamentarios Ximena Ossandón, Sofía Cid, Andrés Longton y Hugo Rey enviaron un escrito, donde piden “verificar si se cumplieron tanto los requisitos que permiten acceder a estas pensiones, como los supuestos y actuaciones administrativas previstos en la ley para su otorgamiento”.
Asimismo, se señala que “del total de los casos beneficiados con la pensión, pareciere que tanto de la magnitud del daño o perjuicio sufrido, como del contexto en las que tuvieron lugar, no ameritan ser calificadas de ‘accidente o catástrofe’, ni menos cabría calificar las circunstancias como ‘extraordinarias’”.
El diputado Andrés Longton señaló que “hicimos una presentación a Contraloría para que indague la legalidad y haga una auditoría respecto al otorgamiento de las pensiones de gracia, otorgada bajo el contexto del estallido social, donde pareciera ser que este gobierno cayó en una discrecionalidad arbitraria al otorgar pensiones de gracia a quienes no reunían los requisitos y no eran acreedores de las mismas".
En tanto, la diputada Ximena Ossandón sostuvo que Contraloría "debe ser extremadamente rigurosa para evitar que tipos con antecedentes delictuales o que nunca padecieron lesiones tengan ingresos de por vida con impuestos de chilenos que trabajan día a día".
Por su parte, la legisladora Sofía Cid planteó que "es impresentable que sujetos condenados sean premiados por el Estado con pensiones vitalicias por supuestas lesiones que se dieron en el marco de desórdenes públicos".
En esta línea, el diputado Hugo Rey argumentó que "la regulación de estas pensiones en la ley de presupuestos es tan ambigua, que se presta para engaños y para que una cantidad importante de sujetos, muchos de ellos con antecedentes penales, puedan gozar de una pensión de por vida".
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